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Los familiares de miles de militares que murieron por las minas antipersonal, ejecutados en cautiverio, desaparecidos, mutilados por explosivos o secuestrados por los grupos armados ilegales, comienzan desde hoy el camino de la reparación como víctimas del conflicto armado.
Se trata de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de los miembros de la Fuerza Pública. También de evitar que delitos graves contra los uniformados queden en la impunidad por falta de denuncia.
Aunque hay casos como las muertes en combate que hacen parte de las pérdidas de vidas en una confrontación armada, los militares se convierten en víctimas cuando se violan las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regulan las guerras o los conflictos internos como el colombiano.
"La Ley de Víctimas no incluyó a los militares dentro de la población por reparar, pero tras un recurso ante la Procuraduría se logró que puedan ser reconocidos las víctimas de transgresiones al DIH", explica la teniente
Lorena Patricia Cifuentes Villota, coordinadora Jurídica y Militar de la Séptima División del Ejército.
Con este argumento, el Ejército realiza hoy, en el edificio Héroes del Paramillo, (comando de la Séptima División), en Medellín, la primera de nueve jornadas de registro de víctimas de las Fuerzas Militares.
Según la Ley de víctimas y de Restitución de tierras, se considera como tal a toda persona que, a partir del primero de enero de 1985, haya sufrido delitos relacionados con el conflicto armado por infracciones al DIH o violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos.
Por esta razón, el Ejército espera hoy y mañana que centenares de militares activos y retirados, así como sus familiares, se inscriban para acceder a la reparación económica y programas de atención sicosociales, salud, educación, vivienda y de restablecimiento de derechos vulnerados.
Sandra Mora, asesora de víctimas de la Jefatura de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos del Ejército, dice que tienen derecho a la reparación las personas que durante el servicio hayan sido víctimas de armas no convencionales (minas), de secuestros, los familiares de uniformados asesinados en cautiverio (fuera de combate) u objeto de desapariciones forzadas".
La Unidad para las Víctimas estudiará, en un plazo de 60 días, si cumplen los requisitos para conseguir la reparación del Estado.