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La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que ninguna de sus actuaciones ni las de sus familiares pueden ser cuestionadas, pues “todas han sido públicas y ajustadas a la ley”. Sobre la relación de negocios particulares con su desempeño como funcionaria del Gobierno nacional, dijo estar tranquila, porque avisó de ellos al Consejo de Ministros.
De esa manera respondió a las acusaciones hechas en su contra (y contra el alto consejero para la Reintegración, Alejandro Éder) en el Congreso de la República por parlamentarios del Polo Democrático. Según dichos señalamientos Campo y sus familiares adquirieron terrenos baldíos a través de maniobras que no son ilegales, pero que “a todas luces no están bien”, según la interpretación del representante Iván Cepeda.
Se trata de un capítulo más en la polémica generada en el país por la adquisición de terrenos baldíos, de entre los que debían ser adjudicados a campesinos del Vichada. En la noche del miércoles el congresista Cepeda dijo que la ministra y sus familiares realizaron compras a través de empresas fundadas como S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) que fueron en su totalidad puestas a disposición de la empresa Indupalma.
En un comunicado público redactado luego de conocer esas acusaciones, la ministra Campo aseguró que el único interés de los denunciantes es causarle daño al gobierno nacional y explicó que sus negocios son legales, pues los hizo en uso del ofrecimiento de servicios de esa empresa “a personas naturales o jurídicas interesadas en el cultivo de caucho y en invertir en un proyecto de siembra en el Vichada”.
Aunque sobre esos hechos no existen dudas, los congresistas del Polo mantienen sus críticas. Iván Cepeda, por ejemplo, insiste en que “cada S.A.S. compró una U.A.F. (Unidad Agraria Familiar) sin sobrepasar lo permitido por ley, pero cuestiono que una misma familia adquiriera varias S.A.S., para que luego las pusiera al servicio del mismo proyecto de Indupalma”.