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Altos funcionarios oficiales responsables del tema de la seguridad, así como la mayoría de los analistas coinciden en que el problema fundamental de la seguridad hoy día no corre por cuenta del conflicto interno armado -se considera que las guerrillas, bastante golpeadas y arrinconadas en sus retaguardias, sólo causan algunos problemas de seguridad ocasionalmente- y que son las bandas criminales el principal desafío de seguridad, porque como lo han dicho altos mandos policiales, no es que estas bandas estén al servicio del narcotráfico, sino que son los narcotraficantes de la hora actual.
Más allá de si hay una lectura demasiado optimista de la situación del conflicto interno armado -una cosa es que las guerrillas hayan recibido golpes militares y políticos contundentes y otra muy distinta creer que estén al borde del colapso, recuerden que siempre es posible que estas organizaciones se reinventen-, o controversial acerca de las bandas criminales -es claro que algunas de estas organizaciones hacen tareas de seguridad privada parecidas a las de los antiguos paramilitares, o de ataques a líderes sociales y políticos en ciertas regiones, o que están formadas por antiguos paras desmovilizados, lo cual pone en cuestión si no pueden tener algún componente de similitud con los antiguos paramilitares-, pero en ambas circunstancias hay que decir que buena parte del combustible para las guerrillas y en muy alta proporción para las bandas criminales, es el narcotráfico. Si a esto le agregamos que buena parte del incremento en la criminalidad urbana tiene que ver con el llamado micro-tráfico o el narcomenudeo -dependiendo de la lectura que prime-, todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la causa fundamental de la mayoría de la violencia y criminalidad actual están ligadas al narcotráfico. También algo tiene que ver, especialmente con las violencias de la vida cotidiana, lo que algunos han llamado cultura de la intolerancia y otros denominan la falta de respeto por el otro.
Si el anterior diagnóstico es en lo fundamental correcto, las preguntas son: ¿las políticas públicas diseñadas para enfrentar los diversos fenómenos de violencia son las adecuadas? o ¿estamos tratando de lidiar es con las consecuencias de un problema o con los agentes asociados, pero no con el problema mismo?
Por consiguiente, deben afinarse las políticas contra los grupos guerrilleros; no es suficiente creer que dar de baja a los denominados 'objetivos de alto valor estratégico', es decir los jefes, es su derrota -éstos pueden ser remplazados con relativa facilidad- y no deben descartarse las iniciativas políticas, pues en estos grupos el componente sociopolítico sigue siendo importante, el general Manuel Guzmán decía en entrevista para este diario: "hay que empezar a entender que la problemática social ha sido aprovechada por las Farc y hay que quitarle ese combustible". Tampoco frente a las bandas criminales, donde a cada jefe que se captura o da de baja hay dos o tres mandos medios listos para continuar y ampliar la actividad delictiva. Se trata entonces de mejorar estas políticas y continuar su implementación con toda la capacidad operativa, pero en paralelo el Estado colombiano debe abordar seriamente el problema del narcotráfico y las políticas hasta ahora utilizadas.
Hay crecientes lecturas críticas a las actuales políticas para combatirlo, incluso análisis respetables en Estados Unidos han mostrado serias inconsistencias en las cifras presentadas por los gobiernos, pues pareciera que con las cifras de erradicación de cultivos, decomiso de pasta y cocaína, no es claro de dónde se estaría proveyendo el mercado de consumidores de estos narcóticos. Quizá el Gobierno debería invitar a la Comisión de expresidentes que estudió el problema de narcotráfico y en conjunto con ellos liderar la búsqueda de nuevas iniciativas internacionales frente a este complejísimo problema. Si no, es probable que estemos desgastándonos en una lucha sin fin.