Los expertos en la mesa de seguridad organizada por MCV y UN-Hábitat a finales de 2009 coincidieron en que el narcotráfico llegó para quedarse, mientras haya ganancias derivadas de esta actividad y sea ilegal, seguirá habiendo delitos y crímenes asociados.
Sin embargo, es indispensable entender que el foco de las bandas criminales es la territorialidad, el narcotráfico es el ancla, pero está acompañado de múltiples actividades delictivas, como los juegos de azar, la extorsión, la trata de personas, entre otros.
Como afirma Douglas North, los políticos o empresarios se esfuerzan por maximizar los márgenes que al parecer ofrecen las alternativas más provechosas a corto plazo.
"Sea que la alternativa más prometedora aconseje invertir en piratería, en edificar un cartel petrolero o en desarrollar un chip de computadora... Las limitaciones existentes y los cambios en incentivos en el margen determinan las oportunidades".
En el caso del narcotráfico, las condiciones están dadas para que sea una actividad muy lucrativa y las limitaciones existentes parecen ser pocas, o por lo menos poco efectivas. Por ser una actividad generadora de alta inseguridad, no sólo en Medellín sino en varias ciudades latinoamericanas, se requiere mano dura e inteligente sobre esta actividad y las afines. Lo anterior exige un buen funcionamiento de la cadena de seguridad-justicia.
Justamente los expertos sostuvieron que existen problemas en los municipios colombianos por la no coordinación entre las diferentes instituciones responsables de la seguridad.
No hay inteligencia policial para la violencia urbana y no hay avance en la investigación criminal y por ello los procesos se caen. En otros términos, el sistema de justicia no está funcionando bien, y eso deriva en mayor impunidad, aumentando los incentivos para una mayor delincuencia.
En cuanto a la política municipal de seguridad de Medellín, los expertos coincidieron en señalar que tanto Bogotá como Medellín han acogido la "receta internacional" de trabajo integral en temas como la prevención social para los factores de exclusión económica y social.
Sin embargo, surgieron varios llamados de atención, uno tiene que ver con que estas políticas suelen tener efectos en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo no se identifican unas medidas concretas para disminuir el número de homicidios en la ciudad, y la ciudadanía evalúa la gestión del gobierno local con base en resultados de corto plazo.
El reconocimiento de que las responsabilidades deben recaer en los diferentes órdenes de gobierno no puede eximir a la Administración Municipal de trabajar para reducir la inseguridad causada por el incremento del número de homicidios.
Otro llamado de atención tiene que ver con que justamente la transformación de las dinámicas de la violencia en las ciudades colombianas, las que para algunos son cada vez más parecidas a las de las ciudades centroamericanas, debe ser estudiada con mayor profundidad para dar respuestas novedosas de política pública con mayores impactos.
En palabras del investigador Andrés Vargas, del Cerac, se requieren unas respuestas audaces e innovadoras y que estén acordes y que sean tan adaptables como lo han sido los grupos y tan persistentes como lo ha sido la violencia.
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