El Gobierno y los delegados de Asonal Judicial no pudieron llegar ayer a un acuerdo que permitiera levantar el cese de actividades de la justicia, que hoy completa 18 días.
Aunque el Gobierno ofreció un incremento de 16.000 millones de pesos sobre su propuesta inicial, con lo que la suma para la nivelación salarial de los funcionarios de la rama judicial llegaría a 66.000 millones de pesos durante los dos próximos años, Asonal no lo aceptó.
La diferencia entre lo que pretende la rama de la justicia, con la propuesta del Ejecutivo es abismal. Asonal aspira a que esa nivelación salarial se haga con un presupuesto de 800 mil millones de pesos.
"La exigencia de la rama judicial es duplicar la remuneración de los jueces y fiscales e incrementar en 70 por ciento la remuneración de los empleados judiciales, lo cual es imposible, por las dificultades fiscales que vive el país y lo inequitativo frente al resto de servidores del Estado", señaló el Gobierno en un comunicado al finalizar la reunión de la mesa de concertación.
Según Fabio Hernández, presidente nacional de Asonal Judicial, ese incremento "representaría algo así como 600 pesos diarios de aumento a los salarios de los 43.000 funcionarios" por lo que no lo pueden aceptar.
El Gobierno recordó que el presupuesto designado para la rama jurisdiccional es del 96 por ciento, entre el 2002 y el 2009, incluido en ese porcentaje la bonificación de gestión judicial, la prima de actividad judicial y la prima de productividad judicial, cuyo costo es cercano a 200 mil millones de pesos.
El ministro Valencia dijo que la disposición del Gobierno era autorizar el incremento salarial, "pero no con las pretensiones de Asonal. Eso es imposible, ya raspamos la olla".
Carolina Soto, directora de Presupuesto Financiero del Ministerio de Hacienda, explicó que las demandas de los trabajadores de la justicia contemplan que los jueces pasen de un salario de seis millones a 12 millones de pesos y los empleados de la rama tengan un incremento del 70 por ciento.
Procesos represados
Como consecuencia de la parálisis de los funcionarios de la rama judicial, están represados un poco más de 50.000 procesos, pese a que el Consejo Superior de la Judicatura tomó medidas, como la creación de unos juzgados de tutela, para atender la emergencia.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo, recordó la necesidad de garantizar el servicio y por eso dijo que sigue en firme la decisión de no pagar el salario a ningún trabajador que haya cesado en sus actividades. Adicionalmente, el Consejo Superior pidió garantías a la Policía para evitar que se afecte el ingreso de los ciudadanos a los despachos.
"Vamos a tomar todas las medidas para que esos edificios no sean bloqueados, para que los funcionarios puedan despachar normalmente", dijo el magistrado.
También se estudia la posibilidad de no remunerar a los funcionarios que no atiendan el público, a pesar de estar en sus despachos.
Entre tanto, en Antioquia, el presidente seccional de Asonal Judicial, Fernando Otálvaro, dijo que el 83 por ciento de los juzgados en Medellín se encuentran en paro y un 80 por ciento en todo el departamento.
En Medellín de los 12 juzgados de Familia, uno está laborando; de los 30 de Distrito, dos mantienen sus actividades, mientras que de los 10 juzgados Laborales y Civiles, uno está en servicio.