"Hay que defender las libertades económicas y el respeto a la propiedad privada porque es un derecho de todos: ricos y pobres".
Esa frase de Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras, de Venezuela, cobra hoy mucha vigencia, pues Hugo Chávez Frías amenazó esta semana con expropiar empresas colombianas que operan en su territorio, como parte de las retaliaciones por el conflicto diplomático que tiene con su homólogo Álvaro Uribe.
Álvarez, quien preside el poderoso gremio que aglutina a 13 sectores económicos, se mantiene firme en la defensa de sus principios. Por ello, en diálogo con este diario, dijo que "no se hace ningún bien al poner en tela de juicio la seguridad jurídica de esas empresas, en momentos en que buscamos más inversión nacional y extranjera. Debe haber un respeto por la seguridad jurídica y las normas contenidas en la Constitución y la ley, que el Gobierno debe ser el primero en respetar".
Ponderación. Eso es lo que Fedecámaras Venezuela le está pidiendo a los gobiernos de Chávez y Uribe. Sus argumentos tienen que ver con las raíces históricas y el camino que ambas naciones estaban transitando para lograr una integración plena a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la que, Venezuela tomó la decisión de irse.
Pero buena parte de su motivación también tiene que ver con los millonarios intereses económicos y sociales que están en juego. Para comenzar, afirmó el gremio, se corre el riesgo de que mucha gente en Colombia y Venezuela queda cesante, por el deterioro del comercio abierto.
A eso se añaden los previsibles daños en el comercio fronterizo, que no es registrado en las estadísticas oficiales. Según sus fuentes, ese movimiento interfronterizo mueve del orden de 2.000 millones de dólares anuales.
Con eso hay que ser muy cuidadosos, anotó Fedecámaras, porque a raíz de la actual crisis binacional "la frontera se ha convertido en un sitio hostil, porque están revisando los vehículos, poniéndo trabas de un lado y otro y eso no le conviene a ningún país".
Lo que pierden los actores formales lo ganan los informales. Noel Álvarez recordó que la frontera colombo venezolana tiene 2.000 kilómetros. Por lo tanto, si se suspende el comercio legal y transparente, ni construyendo un Muro de Berlín o una Muralla China se podría impedir el paso ilegal de mercaderías de un lado al otro.
Por ello, vuelve y juega su mensaje a los dos mandatarios para que abandonen las frases altisonantes y se pongan a dialogar.
El vocero de Fedecámaras reconoció que es muy difícil para Venezuela buscar proveedores alternativos, a pesar de los avances registrados en el comercio con Brasil y Argentina. "No creo que en el corto plazo nosotros vayamos a poder sustituir a Colombia como proveedor fundamental y seguro, ni creo que ese sea el deseo del pueblo venezolano". Lo que en su concepto sí se debería hacer es mejorar la balanza comercial, que hoy se inclina ampliamente a favor de Colombia.
¿Qué está en riesgo?
A propósito de la eventual expropiación de empresas colombianas en Venezuela, no es nada fácil evaluar el riesgo de tal medida.
Según los registros oficiales del Banco de la República, entre 1994 y el 2008 la inversión extranjera en Colombia ascendió a 66.358 millones de dólares. De ese monto, 402 millones de dólares son capital venezolano, o sea el 0,6 por ciento.
En ese mismo período la inversión colombiana en el exterior fue de 13.659 millones de dólares. De esta cifra aterrizaron en Venezuela 610 millones de dólares, equivalentes al 4,5 por ciento.
Fuentes que conocen en detalle la inversión en Venezuela afirman ese dato está subestimado. De largo debería pasar los 1.000 millones de dólares.
Una de las oleadas más fuertes de inversión se presentó en la primera mitad de la década de los 90. Entidades como Proexport, que facilitaban los contactos empresariales, habló en su momento de más de 400 millones de dólares de inversión entre 1994 y 1995. Pero los registros del Emisor solo reflejan 112,8 millones de dólares en esos dos años.
El asunto es que durante largos años Venezuela fue poco dada a poner controles y exigencias al capital. Una firma colombiana podía comprar una venezolana y no hacer el registro. Inclusive, el pago podía hacerse en Panamá o en Islas Caimán, por ejemplo. Hay que ser un mago para saber, hoy, qué tanto dinero está en peligro.
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