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Ningún guerrillero que esté condenado por delitos de lesa humanidad podrá solicitar indultos por delitos políticos como rebelión, sedición y asonada.
Así lo anunció el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, tras revelar el contenido del Decreto 4619, expedido el pasado 13 de diciembre del 2010, que comenzó a regir a partir de la fecha de su expedición.
"Ninguna persona que esté condenada por delitos atroces de barbarie, terrorismo, secuestro, homicidio o actos de lesa humanidad volverá a ser indultado por delitos políticos ", señaló Vargas Lleras.
El Ministro recordó que "el Gobierno venía concediendo esos indultos en lo que concernía a los delitos políticos, así la persona estuviera condenada por otros delitos".
En ese sentido, aclara Vargas Lleras que este decreto deroga decretos anteriores, impidiendo que los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad puedan solicitar el indulto por delitos políticos.
Hasta ahora y, por un decreto de 2008 del expresidente Álvaro Uribe, el indulto sólo era posible para los guerrilleros que estaban en prisión por delitos políticas, como rebelión o simple militancia en un grupo guerrillero y en ocasiones por otras conductas como hurtos, porte y tráfico de armas.
Como segunda medida, el ministro Vargas Lleras aseguró que los guerrilleros que se encuentren privados de la libertad, con anterioridad al cuatro de abril del 2008, tendrán como plazo máximo hasta el 13 de marzo para desmovilizarse en las cárceles.
"A partir del 13 de marzo quedan derogados los decretos que permitían la desmovilización de aquellas personas que ya estaban en centros de reclusión", anunció.
Recordó que los integrantes de las guerrillas que están en las filas pueden desmovilizarse y solicitar el indulto por delitos políticos, "siempre y cuando no estén sindicados por delitos de lesa humanidad".
Vargas Lleras agregó que por lo menos 240 guerrilleros en prisión han pedido ser beneficiados con un indulto, en solicitudes de las cuales han sido negadas 47, debido a que esos excombatientes o no han prestado colaboración a la justicia, ofreciendo información para conseguir el desmantelamiento de su grupo o porque tienen en sus expedientes la comisión de crímenes no indultables. Aquellos guerrilleros que hayan cometido delitos no indultables deberán acogerse a la Ley de Justicia y Paz.
No es una novedad jurídica
Según el penalista Jaime Granados, el decreto formaliza la jurisprudencia que desde los años noventa se impone en el mundo en casos de violaciones de derechos humanos, como los delitos de lesa humanidad".
"No es una novedad en la justicia ni llena ningún vacío. Desde los años noventa y, después, en especial, desde el primero de noviembre de 2002, cuando entró a regir el Estatuto de Roma en Colombia, que sustenta la Corte Penal Internacional, los tribunales y altas Cortes aplican esta jurisprudencia", explicó Granados.
El penalista recordó como antecedente la decisión que dejó sin validez el indulto otorgado al M-19 en 1990 por la toma del Palacio de Justicia, tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá el año pasado, que determinó que el M-19 cometió delitos de lesa humanidad contra civiles en la toma guerrillera.