viernes
7 y 9
7 y 9
Mientras abogados de afectados del Grupo CDO se preguntan por qué la Supersociedades no intervino a todas las empresas y patrimonios de la familia Villegas Moreno para responder por la crisis de Space y los edificios con deficiencias estructurales, Alonso Sanín Fonnegra, agente designado por esa superintendencia para reorganizar al grupo constructor CDO, afirma que bajo la ley que se hace el salvamento de las compañías, el empleo y las acreencias no se puede levantar el velo corporativo y llevar las obligaciones a las personas naturales y jurídicas que sean accionistas.
Según el abogado, "no cabe perseguir los bienes de Álvaro Villegas Moreno y su familia, porque ellos están buscando fórmulas de pago para reactivar las compañías". Sanín Fonnegra precisa que bajo la Ley 1116 de 2006 no está contemplado que si para lograr un acuerdo entre la empresa y los acreedores falta dinero, la Supersociedades obliga al propietario a ponerlo. "Esto no es una insolvencia", aclara.
En el evento en que las partes no se pongan de acuerdo, la misma superintendencia decretaría la liquidación. Si ese fuera el escenario, comenta el abogado, sí podrían perseguirse los bienes de los socios y administradores de CDO, aunque como se trata de un proceso judicial su resultado es aleatorio.
Su opción es buscar soluciones por las buenas. Pensando en las reclamaciones de quienes vivían en apartamentos con fallas estructurales -y que de acuerdo con el Estatuto del Consumidor deben ser repotenciados- Sanín Fonnegra reitera el criterio que les ha expuesto a los afectados: la reorganización del Grupo CDO es para que las empresas sigan su marcha y con ella el empleo y el dinamismo de la economía. "La figura no está hecha para buscar indemnizaciones, el pago de desvalorizaciones por posibles defectos de calidad ni para condenar a los socios o terceros a poner un dinero adicional al que ya esté en la sociedad".
El Grupo CDO, formado por Acuarela, Vifasa, Bepamar, Alsacia y Calamar, tiene en activos 156.860 millones de pesos, deudas por 95.533 millones y un patrimonio de 61.327 millones, una cuantía que, de acuerdo con Sanín Fonnegra, "según CDO alcanza para reparar los edificios defectuosos".
Su estrategia la resume así: seguir pagando los subsidios de habitabilidad. Pedir a los acreedores un plazo de 5 a 6 años para pagar deudas, con 1 o 2 años de gracia. Repotenciar los edificios que tienen fallas estructurales. Y reactivar a CDO.
El agente de la Súper advierte que no hay plata para comprar los edificios y que si no hay acuerdo, CDO se va a liquidación y su patrimonio se repartiría entre los afectados. En su sentir, "así la gente recuperaría poco dinero, pero nunca recuperaría su tranquilidad familiar".
Lérida CDO: alcanza la plata
"Hay dinero suficiente para cumplirles a los acreedores de Lérida CDO, dentro de los cuales están los afectados del edificio Space".
El reporte es de Marco Tulio Zapata Giraldo, agente nombrado por la Supersociedades para liquidar a Lérida CDO, la constructora del edificio Space, del que hoy solo quedan escombros que se están recogiendo luego de la demolición de las torres 1 a 4.
Las deudas suman 37.000 millones de pesos. Allí están 18.000 millones aportados por Calamar CDO para enfrentar la crisis y que al final de la liquidación se verá si son recuperables o no; 3.500 millones del Municipio de Medellín; y 14.000 millones en que se tasan las pretensiones de 38 propietarios, incluyendo 11 que, según el liquidador, son representados por el abogado Javier Tamayo Jaramillo.
Dejando de lado la deuda con Calamar CDO y 3.500 millones ya cancelados en la negociación de 23 apartamentos antes del inicio de la liquidación, estarían pendientes 15,400 millones.
La plata, explica el liquidador, saldría de los 4.000 millones que quedan libres del patrimonio autónomo que CDO creó para superar la crisis; la venta del lote sobre el que antes se levantaba Space y la entrega de tierras como dación en pago en las parcelaciones Mirador del Retiro y Mirador del Poblado. La propuesta oscila entre 3 y 3,3 millones de pesos por metro cuadrado para los afectados.
Zapata confía en que negociará con los propietarios, pero el abogado Tamayo Jaramillo es escéptico, dado que el acuerdo propuesto es inaceptable y tiene vacíos que lo hacen jurídicamente inviable.