Después de años de batallas legales,
Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto autor intelectual de los ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001, finalmente será enjuiciado ante una comisión militar en Guantánamo, Cuba, en fecha aún no definida. Si es hallado culpable, casi con certeza recibirá la pena de muerte. Y, suponiendo que uno cree en la pena de muerte, sería difícil pensar en alguien que sea mejor candidato para ella.
Pero existen razones por las cuales Mohammed no debe ser ejecutado. Él fue víctima de un trato descaradamente ilegal, la CIA lo sometió a tortura con agua o "waterboarding" 183 veces en marzo de 2013 y amenazó con asesinar a sus hijos mientras lo tuvo en una cárcel secreta, en manos del Gobierno.
El presidente Obama se ha negado a imputar cargos contra oficiales de la administración de
George W. Bush por tortura y otras conductas ilegales como parte de la guerra contra el terror, declarando que Estados Unidos debe "mirar hacia adelante en lugar de estar mirando hacia atrás". En contraste, un comité del Senado está a punto de revelar un muy esperado resumen de un informe de 6.200 páginas sobre tortura, después de años de revisiones legales y redacciones.
La ausencia de responsabilidad para quienes promovieron y realizaron las torturas deja a las sentencias criminales de los terroristas condenados como una de las pocas herramientas, aunque imperfectas, que restan para manejar los abusos legales del pasado, y restaurar la reputación de América por su dedicación a las normas de la ley internacional. Si es condenado, la vida de Mohammed debería ser perdonada, porque su ejecución, después de años de maltratos en una serie de cárceles administradas por la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo, enviaría un mensaje desastroso sobre la impunidad para la tortura y sobre el estado de derecho.
El caso reciente de otro prisionero condenado en la guerra contra el terror,
José Padilla, demuestra cómo la sentencia podría ofrecer un mínimo de responsabilidad. Una juez federal en Miami,
Marcia G. Cooke, sentenció a Padilla a 21 años de cárcel, después de que un jurado lo condenó por conspiración terrorista. En 2002, Bush declaró a Padilla, un exmiembro de un grupo delincuencial que se convirtió al Islam, enemigo combatiente. Luego fue encarcelado en un calabozo de la naval en Carolina del Sur por más de tres años antes de ser acusado.
Cuando la juez inicialmente sentenció a Padilla en el 2008 a 17 años de cárcel, llegó la conclusión de que sus condiciones de vida en el calabozo fueron tan duras que merecía consideración en el momento de decidir su sentencia.
La Corte de Apelaciones para el 11 Circuito de los Estados Unidos opinó que la sentencia original fue demasiado tolerante, considerando la severidad de los crímenes de Padilla, y devolvió el caso para que la sentencia fuera revisada. Pero también reconoció que los jueces tienen la autoridad para tomar en cuenta el maltrato del acusado, bajo circunstancias excepcionales.
Bajo circunstancias normales, centraríamos nuestra atención en aquellos que incitan o cometen torturas. La Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, ordenó a Polonia y Macedonia a pagar daños a detenidos por su complicidad en el programa de torturas de la CIA. La Corte, además, ofreció este remedio aunque dos de aquellos detenidos siguen en Guantánamo. Pero Estados Unidos se ha ido en contra de las tendencias predominantes en la justicia internacional.
Aunque Obama recientemente reconoció que sí "torturamos a algunas personas", se sigue oponiendo a las consecuencias de dicha admisión.
Esta ausencia de responsabilidad es lo que hace tan importante la sentencia de Mohammed. Ejecutar a Mohammed después de su brutal tortura sería una burla a la ley, y efectivamente justificaría la tortura al privarla de cualquier consecuencia legal. Lo que es peor, reforzará la percepción de que los Estados Unidos tiene doble moral en su lucha contra el terrorismo, elogiando valores liberales en lo abstracto, pero ignorándolos en la práctica. Una vida en la cárcel, en contraste, reconocería la conducta ofensiva. No corregiría los abusos contra los derechos humanos cometidos después del 11 de septiembre. Pero ofrecería una última oportunidad para demostrar que el Gobierno también debe pagar un precio cuando infringe la ley.