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Han cometido tantas infracciones a la ley penal los adolescentes en Medellín, que ya se hizo imposible atenderlos sin vulnerarles sus derechos.
Los más afectados son los muchachos sancionados con internamiento preventivo y especializado y que deben ser conducidos al centro de atención La Pola, que hace tiempo copó su capacidad de atención, se le agotaron los cupos y ya no puede recibir más adolescentes.
En vista de esto, el Cetra - que es un lugar transitorio en el que los muchachos capturados no deben permanecer más de 36 horas mientras se les define si van a audiencia con un juez y se estudia si su captura fue legal o no- los está dejando allí porque no hay a dónde conducirlos para que cumplan con la privación de la libertad.
Pero este lugar no está habilitado para recluir muchachos sancionados con encierro y no tiene las condiciones para garantizarles el respeto de sus derechos, como ordena la Ley de Infancia y Adolescencia, sino todo lo contrario, "se les vulneran, porque no están siendo ubicados en lugares adecuados, están debajo de unas escalas donde pasan la noche, duermen en el piso y sin acceso a un baño", denunció Maritza del Socorro Ortiz, presidenta de la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín.
La funcionaria exhortó a la Gobernación, a los alcaldes del Valle de Aburrá y al ICBF a, "adoptar, de manera urgente e inmediata, las medidas presupuestales y administrativas tendientes a la superación de esta crítica situación", precisó la jurista.
La denuncia la complementó su compañera Natalia Betancur, jueza coordinadora del Centro de Servicios del Sistema de Responsabilidad Penal (Cespa), quien alertó que ante la imposibilidad de llevarlos a La Pola y tener que dejarlos en el Cetra se incumple el mandato legal del sistema penal para ese grupo, que debe garantizarles procesos "pedagógicos, protectores y restaurativos".
La situación es tan crítica, que en los últimos días ni siquiera los pudieron dejar en el Cetra debajo de las escalas -donde no tenían ni colchones- sino que permanecían a la entrada del Cespa y mezclados, los que tenían sanciones con algunos a los que ni se las habían impuesto.
Ayer, a un grupo debieron llevarlos a las oficinas de Bienestar Familiar para que se hiciera responsable de su atención.
Las funcionarias denunciaron que ha habido presiones a los jueces para que no sancionen más a los muchachos con privación de la libertad, pero aclararon que eso no puede hacerse, porque significaría dejar de proteger a la sociedad y a los mismos muchachos.