- El general Padilla dijo que la verdad debe salir a flote en este caso.
- Estos habrían actuado con un ex Auc en masacre de ocho personas.
- La Fiscalía ordenó captura de 15 militares de la XVII Brigada.
Por
Áreas Nación y Paz y D.H. Medellín
La masacre de ocho personas en San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005, que conmocionó al país y tiene al Estado demandado ante tribunales internacionales de derechos humanos, era un hecho anunciado y hoy, tres años después, aparece como un presunto caso de connivencia entre miembros del Ejército en Urabá y los paramilitares.
Así lo revelan los resultados de las investigaciones adelantadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
Las nuevas pruebas halladas por la Fiscalía, llevaron a la institución a ordenar la captura de otros 15 militares, como presuntos responsables de esa masacre.
Sobre la decisión judicial, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, afirmó que es importante que este proceso se aclare y que brille la justicia, cualquiera que sea el resultado.
Supuesta connivencia Según le reveló ayer Éver Veloza García, alias "HH" a este diario, durante un receso de su versión libre, un reinsertado que estuvo bajo su mando en el bloque Bananero (desmovilizado para la época de los hechos) participó en la masacre.
El desmovilizado, Adriano José Cano Arteaga, alias "Melaza" habría acompañado en la incursión al Ejército con un reducto del bloque Héroes de Tolová, que también se desmovilizó en el proceso de paz.
Según "HH", alias "Melaza", quien hoy goza de protección por parte de la Fiscalía, pese a que estaba desmovilizado, se habría convertido en guía de los militares en esa zona, inclusive en la Comunidad de Paz de San José.
El testimonio de "Melaza" y el de otros de los desmovilizados, uno de ellos identificado con el alias de "Cobra", habrían sido clave para que la Fiscalía decidiera ordenar la captura de los 15 militares de la Brigada XVII por la masacre.
Por estos hechos se encuentra tras las rejas el capitán Guillermo Armando Gordillo, quien tenía bajo su mando a la Compañía Bolívar, perteneciente al Batallón Vélez de Carepa. Los uniformados pretendían golpear a las Farc que, a su vez, buscaban volver a consolidarse en las zonas que iban dejando los desmovilizados.
Los militares deberán responder en indagatoria por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y terrorismo. Ese 21 de febrero fueron asesinados con disparos y a machetazos cinco adultos y tres niños en la vereda Mulatos Medios, corregimiento San José de Apartadó y en la vereda La Resbalosa.
Hasta ahora, estaban vinculados a la investigación por este caso 84 miembros del Ejército.
En su versión libre en abril de 2007, alias "Melaza" le dijo a la Fiscalía que los militares le entregaban un arma y lo uniformaban para estar en los operativos como guía del grupo.
Sin referirse directamente a la masacre, "Melaza" aseguró, el año pasado, en la diligencia judicial, que en uno de esos patrullajes asesinaron a un guerrillero de las Farc conocido como "Cristo de Palo", quien habría sido una de las víctimas de la masacre de San José.
Ante la participación del reducto del Héroes de Tolová en el episodio, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía pidió que el ex comandante de ese bloque, Diego Fernando Murillo, alias "don Berna" fuera vinculado al proceso.
Consultados sobre este particular, abogados del ex jefe paramilitar afirmaron que en la época de los hechos, Murillo, al igual que los otros ex comandantes desmovilizados, cumplían con el proceso de paz desde Santa Fe de Ralito, mientras que la tropa rasa partió, en buena parte, a sus lugares de origen.
Un hombre temido Entre los habitantes de San José de Apartadó el nombre de "Melaza" era conocido y temido. Incluso, tras la masacre, habitantes que fueron testigos de los hechos firmaron un comunicado en el que declararon que "con el batallón contraguerrilla iba un paramilitar apodado "Melaza", el cual entraba por tercera vez a la vereda El Barro en compañía del Ejército".
Pero la masacre del 21 de febrero de 2005 por la que el Estado colombiano afronta una demanda en la Corte Penal Internacional no fue la única perpetrada por los paramilitares en San José de Apartadó y en la cual habría participado Cano Arteaga.
En la reanudación de su versión libre, en febrero pasado, Cano Arteaga o "Melaza", aceptó que en 1999 ingresó con las Auc en la vereda La Unión del corregimiento y allí asesinaron a siete presuntos colaboradores de la guerrilla.
Muerte anunciada Para finales de 2004 y comienzos de 2005, varias autoridades locales y habitantes del corregimiento advertían del peligro de un ataque contra la población de la comunidad de paz.
El 18 de noviembre de 2004, tres meses antes de la masacre, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo anunció que había indicios sobre la inminencia de una incursión paramilitar en San José de Apartadó.
Según un abogado de la Corporación Jurídica Libertad, que representó a familiares de las víctimas y la Comunidad de Paz, "el Gobierno desatendió esa alerta temprana y después de ocurrida insistió en atribuirla a las Farc, cuando había muchos indicios de la participación de militares".
Y recordó que tres días después de los hechos visitó la zona como parte de una comisión de verificación que pudo comprobar "la presencia del Ejército en el corregimiento cuando se suponía no estaban en esa jurisdicción como parte de las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó para esta población".
"En esos días nos topamos con las tropas e incluso tenían retenidas a tres familias. En uno de los sitios donde mataron a tres miembros de una familia se halló un machete ensangrentado que, de inmediato, se llevaron unos soldados. Eso lo denunciamos", indicó el abogado.
Algunas víctimas fueron degolladas y decapitadas. Luego de la masacre, la comunidad de San José de Apartadó renunció a sus demandas ante la justicia colombiana, con el argumento de que no había la protección pactada.
Desde ese momento, la denuncia por esta masacre y unos 170 asesinatos desde 1997 en la misma población se tramitan en la Corte Penal Internacional.
Los investigados y las víctimas
Son 15 los militares vinculados a la investigación La Fiscalía vinculó mediante diligencia de indagatoria a 15 militares en la investigación que desarrolla por la masacre de ocho personas ocurrida en la vereda Mulatos Medios, corregimiento San José de Apartadó y en la vereda La Resbalosa, municipio de Tierra Alta (Córdoba).
Las órdenes de captura pesan sobre los subtenientes Édgar García Estupiñán, Alejandro Jaramillo Giraldo y Jorge Humberto Milanés Vega, además de los sargentos Darío José Brango Agamez, Óscar Jaime González, Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega. También figuran los cabos Luis Gutiérrez Echeverría, Ramón Mican Guativa, Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez y José Carmona.
Por estos hechos, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento el año pasado contra el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, a cargo de la Compañía Bolívar adscrita al Batallón Vélez de la XVII Brigada del Ejército, que estaba cumpliendo el operativo contrainsurgente ?Fénix? en la zona citada. Este oficial está sindicado como supuesto responsable de los delitos ya mencionados y se encuentra recluido en una base militar mientras se define su situación en este caso.
Según la Fiscalía, lo establecido hasta ahora en las investigaciones indica que miembros de autodefensas, con el pretexto de servir de guías a las tropas regulares, incurrieron, junto a los militares, en los crímenes de los pobladores.
Sacrificados de la última matanza
Las víctimas de la matanza de 2005 contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó eran dos familias, integrantes del grupo neutral. Los sacrificados fueron Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, asesinados a machetazos. Al lado de sus cadáveres, pereció Deyner Andrés, hijo de Eduardo, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado. Estos cuerpos fueron abandonados a cielo abierto al lado de un río en la vereda Mulatos. En la vereda La Resbalosa, el mismo grupo, asesinó a otra familia integrada por Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, un bebé de dos años. Junto a los anteriores fue sacrificado Alejandro Pérez, trabajador de la finca. Estos fueron enterrados en fosa común.
Desde el mismo día en que sucedieron los hechos, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita, Javier Giraldo, dos de las personas más comprometidas con la comunidad de San José, señalaron a las tropas regulares como supuestas responsables de la acción criminal. Ambas personas señalaron hacia la XVII Brigada, de Apartadó, como el lugar a ser investigado por la justicia, con el fin de esclarecer los hechos y evitar que el acto, como lo sucedido con otros dolorosos episodios, quedara en la impunidad.
Entre otras denuncias, en la comunidad se sostenía que los militares habrían actuado contra sus miembros para vengarse de las Farc que una semana atrás les había dado un duro golpe en Mutatá. Además, los bloques de las Auc que operaban en la zona llevaban tres meses desmovilizados y se temía una ofensiva de la guerrilla para volver a los territorios perdidos en la zona.
Los hechos
El ataque de 2005 contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue solo uno de los múltiples golpes ejecutados en la región contra una población señalada de ser comunista y oxígeno de los grupos armados. Para la guerrilla de las Farc, por su parte, el área que comprendía la comunidad de paz, era totalmente estratégica desde el punto de vista militar, toda vez que quien ejerciera el control en la región podía extender sus tentáculos hacia el occidente de Antioquia, Córdoba, Chocó y los mares Atlántico y Pacífico.
Comunidades de paz en Urabá y Chocó
Las comunidades de paz fue una de las estrategias desarrolladas por las víctimas del conflicto, con el fin de que los actores armados respetaran sus territorios y los dejaran vivir tranquilas. La decisión cobró muchas vidas, pero las comunidades no cedieron.
Neutralidad de San José de Apartadó
En San José de Apartadó, donde semana tras semana, los actores armados cobraban víctimas, sus pobladores se opusieron a toda presencia armada, incluyendo a las Fuerzas Militares, pues consideraban que estas apoyarían a las Auc en su guerra contra las Farc.
Farc tampoco cedieron a la comunidad
No obstante la decisión comunitaria, las Farc tampoco abandonaron el territorio de San José. Dicen las Ong que tal presencia se convirtió en su peor maldición. Las masacres y asesinatos selectivos fueron permanentes contra el pequeño pueblo.
Episodios que rodearon la masacre
Según testimonios recaudados en la región, entre las víctimas de ese 21 de febrero figuraría alias ?Cristo de Palo?, un supuesto comandante de las Farc. Las tres primeras víctimas civiles cayeron en el sitio Cantarrana a las 11:00 a.m.
Homicidas no detienen su acción armada
Al día siguiente, 22 de febrero, en La Resbalosa, fueron hallados huellas de sangre. Tras una inspección, una comisión de San José encontró los otros cinco cadáveres. Entre estos aparecían los de los dos niños. El grupo llevaba un día desaparecido.
Intervención judicial en la zona
El 24 de febrero, tres días después de cometida la matanza, en horas de la tarde, llegaron al municipio de Apartadó, un fiscal, un procurador y 10 técnicos judiciales para realizar y las recoger las primeras pruebas sobre lo sucedido en San José.
Investigación en lugar de los acontecimientos
Al mediodía del 25 de febrero, la comisión judicial logró trasladarse al corregimiento San José y, de allí, a la finca de Alfonso Bolívar, escenario de la segunda matanza. Los peritos judiciales llegaron en helicópteros del Ejército, pues temían un ataque de las Farc.
El Ejército dio parte de bajas insurgentes
Según los pobladores, el 21 de febrero, tropas contraguerrilla de la XVII Brigada, retuvieron a varias familias de San José y les dijeron que habían dado de baja a 3 guerrilleros. La comunidad reconoció a las víctimas como los esposos Guerra Aleiza y Deyner.
Other 15 militaries linked with massacre
The Prosecutor's Office linked 15 more militaries to their investigation of the slaughter in La Resbalosa and San José de Apartadó. Up to this point 84 members of the Army have been connected with this process.
This new group of militaries were summoned to answer questions regarding their alleged participation in the assassination and terrorism. The facts under investigation are the murder of five adults and three children, occurred on February 21st 2005. Captain Guillermo Armando Gordillo Sánchez was already captured, accused of being the responsible of this crimes.