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Tras los ataques de las Farc en Jambaló, Calibío y Caldono, las autoridades iniciaron una ofensiva para identificar y judicializar a los milicianos de la guerrilla, al tiempo que el gobernador de Cauca denunció que algunas comunidades indígenas son cómplices del grupo insurgente.
El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez Barón, reveló que las autoridades tienen en su poder las fotografías de al menos 70 insurgentes responsables de los ataques del fin de semana pasado contra los municipios del norte del Cauca.
De acuerdo con el oficial, los subversivos pertenecen al sexto frente de las Farc. "La información preliminar que hemos detectado es un listado que supera los 70 milicianos que hacen presencia especial en Jambaló, en Caldono, en Corinto y Miranda. Integran este sexto frente y otras columnas móviles de apoyo dedicadas al secuestro, a la extorsión y al negocio ilícito del narcotráfico".
Según Páez, los hostigamientos no sólo buscan sabotear las elecciones del 14 de marzo, sino defender los cultivos ilícitos.
La creación de un grupo elite de Policía Judicial (Fiscalía, Policía, DAS) para capturar a los milicianos de las Farc (guerrilleros que se mimetizan en la población civil), fue una de las medidas adoptadas el domingo en Popayán, durante el consejo de seguridad encabezado por el presidente Álvaro Uribe.
Altos mandos militares denunciaron que algunas personas heridas durante los hostigamientos serían integrantes del sexto frente de las Farc y la columna móvil Jacobo Arenas, los cuales se hicieron pasar por civiles.
Ayer, el gobernador de Cauca, Guillermo González, denunció que algunas comunidades indígenas que habitan zonas de los municipios hostigados actúan en connivencia con narcotraficantes.
Según el mandatario, "en sitios donde se cultiva marihuana y coca, algunas personas de estas comunidades sí tienen relación directa con narcotraficantes".
La Organización Nacional Indígena, Onic, rechazó esas afirmaciones y dijo que los indígenas no ayudan a ningún grupo armado ilegal.
Atención a desplazados
Además de las acciones judiciales, el Gobierno inició un proceso de atención a unas 180 personas que resultaron desplazadas en Caldono por los hostigamientos de la guerrilla y la reacción de Ejército y Policía.
Una misión del Grupo de Emergencias y Retornos de Acción Social llegó a la zona para atender a la población, verificar las viviendas afectadas y realizar el censo de las víctimas, informó la directora (e) de la entidad, Sandra Alzate.
La funcionaria explicó que 12 viviendas fueron afectadas y dos civiles que fueron heridos ya se encuentran fuera de peligro.
En el municipio de Jambaló también se afectaron las fachadas del hospital y cuatro viviendas.