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La Dijín y el CTI de la Fiscalía dieron inicio en la mañana de este martes al allanamiento de cinco oficinas de Empresas Promotoras de la Salud (EPS).
Se trata de las entidades Nueva EPS, Coomeva, Sanitas, Salud Colpatria y Ecoopsos.
La acción de las autoridades se da como resultado de las investigaciones en el caso del denominado "carrusel de la salud" y con los recobros hechos por estas entidades al Estado.
El vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero Ramírez, explicó que la audiencia en la que fue solicitada la autorización para esas diligencias fue adelantada el lunes por el fiscal especializado adscrito a su despacho, Javier Darío Pabón.
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo que "la decisión de la Fiscalía es que se produzca una inspección y recaudo de material probatorio para ser sometido a análisis".
Se trata de "asegurar y someter a custodia" bases de datos y otros archivos informatizados para, a partir de su evaluación, "determinar si hay responsabilidades individuales" en la supuesta defraudación, añadió Naranjo.
Precisó que el allanamiento se realiza como parte de un requerimiento de la Fiscalía y aclaró que no se expidieron medidas de capturas.
Servicios seguirán prestándose
Entre tanto, el ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María Salamanca, reiteró que esta situación no afectará en nada la prestación de los servicios por parte de estas EPS.
"Los servicios de salud se seguirán prestando de manera normal y oportuna. No se trata de crearle problemas adicionales a los usuarios, sino de que en el futuro tengan mejores servicios" precisó el jefe de la cartera a través de un comunicado.
Añadió que estas visitas por parte de las autoridades tampoco afectarán la solvencia de las entidades prestadoras. "Se trata de procedimientos que adelanta la policía para conseguir documentos y material probatorio", indicó.