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La Corte Suprema de Justicia llamó la atención al Ministerio de Hacienda para que cancele a los miembros del magisterio las cesantías atrasadas y no dilate sin justificación futuras obligaciones.
La advertencia fue hecha al conceder una tutela a la profesora Martha Cecilia Osorio, quien desde hace tres años está a la espera del pago de sus cesantías, sin que hasta el momento haya recibido una respuesta por la demora en la entrega de ese dinero.
Frente a su caso el Gobierno aseguró que, si bien, fue aprobado el pago de las cesantías aún el presupuesto no ha sido desembolsado.
El fallo advierte que "los miembros del magisterio no tienen la obligación de soportar el déficit presupuestal del Estado, ni menos aún la falta de asignación de recursos para el cumplimiento económico de sus obligaciones".
Con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero, la sala penal señaló que desde ahora el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no podrá excusarse en la falta de recursos para no pagar las obligaciones contraidas con sus trabajadores.
De esta manera, el tribunal de la justicia ordinaria le ordenó al Ministerio de Hacienda que gire los recursos que se requieren para cancelar las cesantías de los educadores de todo el país.
Para tomar la decisión la sala penal se basó en una decisión que había adoptado la Corte Constitucional hace dos meses en la que argumentaba que "la falta de recursos no puede desconocer las garantías de los empleados oficiales".