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El delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bruno Moro, le pidió al Gobierno Nacional que les garantice a los beneficiarios de la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de Tierras) las suficientes garantías, en especial de seguridad, para acceder a los derechos que les fueron usurpados.
Moro se reunió este miércoles con la comisión de seguimiento que conformó el Congreso de la República para verificar la ejecución de la Ley, la cual deberá empezar a implementarse desde el primero de enero del año próximo.
El delegado citó como un ejemplo el caso de las mujeres que han sido violadas, a quienes se les debe resarcir como ordena la Ley, pero consideró que no tienen las suficientes garantías para denunciar a los autores de esos hechos, porque los mismos pueden seguir sembrando el terror e intimidarlas.
Moro, además, sostuvo que la ONU le entregará en los próximos días unas recomendaciones al Gobierno Nacional, fruto de un foro realizado esta semana donde las organizaciones de las víctimas pidieron apurar la reglamentación de la Ley, para tener claro cómo acceder a los derechos contemplados en la misma.
En opinión del representante de la ONU es necesario que se conozca quién será ese "zar" que operará el desarrollo de la norma, la cual ha generado mucha expectativa en la comunidad nacional e internacional.
Insistió que la ONU se ofrece para seguir acompañando al Gobierno en todo este proceso.
El papel de Acción Social
De otro lado, el director de Acción Social, Diego Molano Aponte, dijo que la entidad ha presentado al menos 1.300 demandas contra abogados, de diferentes partes del país, quienes están intentando defraudar a las víctimas.
Explicó que estas personas buscan a los desplazados y eventuales beneficiarios de la Ley de Víctimas para cobrarles por el trámite que deben cumplir por la asignación de los subsidios.
Esta situación -dijo- se ha identificado en regiones del Magdalena, Sucre, Cesar, en donde el Estado ya ha empezado la atención de los beneficiarios tanto con la restitución de tierras, pero también la entrega de subsidios de otros programas, a los que pueden acceder de manera gratuita.
"Hay gente que se aprovecha de los beneficios y les cobran por gestionar tutelas, manipulan a los que tiene derecho esta población", declaró. De la misma manera, señaló que Acción Social está explicando de manera seguida a las víctimas en esas zonas cómo es el trámite de los beneficios, los cuales insistió Molano, no tienen costo alguno.
Sobre este particular se pronunció el pasado lunes el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Miguel Samper, quien sostuvo que se pedirá se les retire la tarjeta profesional a los abogados que sean sorprendidos en malas prácticas que atenten contra las víctimas.