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Su preocupación por la continuación del conflicto armado, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o la amenaza de las bandas criminales, contrasta con el reconocimiento al compromiso del Gobierno colombiano en la defensa de los derechos humanos y con avances como la ley de víctimas y la disminución de las ejecuciones extrajudiciales.
Para Christian Salazar, representante en Colombia, de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, las iniciativas estatales son "prometedoras" y recogen muchas recomendaciones del organismo internacional, que además asesora varias de ellas.
Usted ha señalado voluntad del Gobierno y mejor clima político hacia los derechos humanos...
"Es indudable que existe un mejor ambiente político, las relaciones entre el poder Ejecutivo y la rama judicial son menos tensas, así nos lo confirman los magistrados y lo mismo las organizaciones de derechos humanos. Considero que se superaron los enfrentamientos públicos del Gobierno y las altas cortes".
¿Cuáles son las "iniciativas prometedoras" que reconoce su oficina en Colombia?
"El proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras puede convertirse en una pieza fundamental de la justicia transicional existente. Destacamos que el Gobierno mantuvo firme su posición de no excluir a víctimas de agentes del Estado del proyecto de ley, porque las víctimas no escogen a su victimario. Otras medidas positivas fueron la aprobación del Congreso de la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas y el nuevo Código Penal Militar, que excluye de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos".
¿Qué recomendaciones han hecho para mejorar el proyecto en el debate legislativo?
"Una muy importante y reiterada ha sido la protección a los reclamantes de tierras. Hasta ahora, no hemos visto suficientes resultados en ese sentido. Hemos denunciado varios casos de asesinatos de líderes no solo en 2010, sino desde 2008. También recomendamos que cualquier restitución debe contar antes con un análisis de riesgo, entre el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y las mismas organizaciones de víctimas. También pedimos al Congreso simplificar los mecanismos para agilizar la reparación".
La propuesta de reconocer a miembros de grupos ilegales como víctimas generó controversia
"Es cierto. El proyecto tiene una artículo que excluye a víctimas de grupos armados de los beneficios, lo que recomendamos es reconocer que, en ciertos casos, guerrilleros o miembros de autodefensas fueron víctimas. Pero aclaro, no todos, pues son casos particulares y si la ley los reconoce se debería prohibir que personas de estos grupos reciban reparaciones si han cometido atrocidades".
Hay sectores que piden reparación para víctimas de las bandas criminales, ¿qué dice la ONU?
"No hemos considerado eso. Hasta ahora la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no califica a estos grupos postdesmovilización como paramilitares, porque el fenómeno es muy heterogéneo. Tienen elementos de continuidad con grupos paramilitares y, a la vez, elementos de narcotráfico y otras actividades ilícitas".
El último informe de derechos humanos concluye que urge una revisión de Justicia y Paz. ¿En qué aspectos?
"Consideramos que es necesaria una discusión profunda porque los resultados son pobres hasta ahora en el tema de justicia, con solo dos condenas parciales. Y sólo el 4,5 por ciento de todos los desmovilizados se sometieron a la ley y, de ellos, solamente el 54 por ciento ha contribuido con la verdad en versiones libres. Se requieren reformas para agilizar condenas y la reparación judicial, sino esta ley va a conocerse como la ley de impunidad y no de justicia y paz. Las víctimas deben tener más participación".
¿Qué seguimiento han hecho a las ejecuciones extrajudiciales?
"La Fiscalía investiga 2.500 casos de víctimas denunciados y nuestra oficina (ONU) en Colombia estima que unas 3.000 personas pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Desde 2010 hay una drástica disminución de estos hechos. No obstante, contrasta esto con un retroceso de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de procesos judiciales. En el año 2008 se trasladaron 414 casos, en el 2009, 267 y hasta agosto de 2010 fueron 102. Hemos recomendado también revisar los casos archivados, porque en muchos hechos denunciados faltó investigación. A medida que avancen las exhumaciones también pueden surgir más casos por esclarecer".
¿Conoce su oficina de nuevos casos de ejecuciones en el país?
"Del año pasado tenemos dos posibles casos de ejecuciones, uno de ellos en Huila. La meta son cero casos, pero es una buena noticia esta notoria reducción y 132 sentencias condenatorias, porque había años con cientos de denuncias creíbles".
Trabaja la ONU con el Gobierno en medidas preventivas al respecto
"La oficina fue invitada a participar en un proyecto del Ministerio de Defensa y la cúpula militar de acompañar reformas internas, dirigidas al fortalecimiento de inspectores, de asesores jurídicos para unidades militares, los sistemas de quejas, que deben servir para consolidar la política de respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario".
¿Cuál es la situación de derechos humanos en Antioquia?
"Antioquia sigue como una de las regiones más afectadas por la violencia contra la población, como lo vimos en los recientes desplazamientos en Anorí y Tarazá, donde la guerrilla y grupos postdesmovilización presionaron protestas, mientras en las veredas mantuvieron prácticamente como rehenes a niños y ancianos. El ataque contra una escuela en Campamento es una violación del DIH. En contraste, la atención a los desplazados en Antioquia y en Medellín son buenas prácticas y esfuerzos muy serios, al igual que la búsqueda de los desaparecidos".