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Luego de conocerse el texto de 346 páginas, donde el Estado se defiende sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia, el abogado defensor del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Loaiza, afirmó ante esta Corte, que no hay pruebas contundentes para afirmar que hubo 11 desaparecidos en la retoma al Palacio de Justicia.
Estas declaraciones planteadas en este texto y entregadas ante la CorteIDH por parte de Nieto, crearon un fuerte revuelo en el país, sobre este hecho que consternó a Colombia el 6 de noviembre de 1985.
Nieto Loaiza, además indicó que tampoco se pudo comprobar que el Ejército Nacional haya torturado a cuatro personas en la Escuela de Caballería del norte de Bogotá, aún cuando las víctimas aseguraron haber sido torturadas, y tampoco se constata el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.
El abogado de las víctimas, Rafael Barrios Mendivil, no está muy deacuerdo con esto y por eso aseguró que Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, José Vicente Rubiano y Orlando Quijano sí fueron torturados y que hay pruebas contundentes para corroborarlo.
"La respuesta del Estado a la Corte es que no hubo desaparecidos en el caso del Palacio de Justicia. Es decir, cuestiona la desaparición de once personas… Y que tampoco hubo torturados, cuando la prueba es contundente, la prueba que se obtuvo por los mismos organismos judiciales en Colombia de que sí fueron torturados", afirmó Barrios Mendivil a la FM Radio.
Sobre el caso del magristrado Urán ocurre lo mismo, mientras la Fiscalía afirma que Urán salió vivo del Palacio de Justicia y luego apareció con un tiro de gracia en la cabeza, el Gobierno niega esa versión.
"Sostiene que no se violó el derecho a la vida, integridad personal, es decir, que el magistrado no murió producto de un tiro de gracia como está probado en el proceso y que no fue víctima de ninguna acción de parte del Ejército colombiano", afirmó Mendivil a la emisora.
La CorteIDH demandó a Colombia en el año 2012, en el caso el caso No. 10.738 , por considerar que el Gobierno no hizo lo suficiente para investigar las 11 desapariciones, las torturas y el homicidio de un magistrado en la retoma. La Corte ordenó la investigación por la "falta de esclarecimiento judicial de los hechos" y señaló que el Estado "no ha tomado las medidas suficientes".
En el mes de julio la Corte IDH decidirá si el Estado fue responsable sobre la desaparición de estas personas, la tortura de otras cuatro y el homicidio del magistrado.