Panamá o la cárcel

El asilo territorial concedido a María del Pilar Hurtado fue una decisión irresponsable del vecino país, que ha tenido múltiples consecuencias negativas para varios, y ninguna positiva para Colombia o Panamá.

La exdirectora del DAS ha evitado darle al país una completa explicación de sus actuaciones al frente de dicho organismo, con el argumento de que en Colombia no hay garantías procesales para su investigación.

Puede ser cierto, pero eso no es suficiente.

En el país no ha habido garantías totales para un juicio justo, limpio e imparcial en múltiples casos. Tampoco las hay en el presente de manera integral.

Es común que haya compra de sentencias; demoras interesadas; artimañas de poderosos e influyentes abogados; filtraciones de la información a los medios generando problemas para los inculpados; presiones de los gobiernos de turno; importancia excesiva de los testimonios de los exnarcotraficantes, paramilitares y guerrilleros; parcialidad; falta de contrastación de la investigación; agendas políticas de los fiscales y jueces; amenazas a testigos legítimos y en otros casos fabricación de testigos; investigaciones débiles y prejuzgamientos. Una vergüenza.

Colombia es un Estado de Derecho débil, ya que la justicia está politizada y la política por tanto se judicializa. En muchos casos la administración de justicia ha estado a la orden del poder político, en donde los jueces se comportan como sastres jurídicos confeccionando sentencias a la medida.

Algunas de las investigaciones y juicios en contra de los funcionarios del gobierno de Uribe no han sido la excepción. Pero es la misma justicia que utilizó también el mismo gobierno durante ocho años para extraditar delincuentes, y a otros tantos para que pagaran sus penas por relaciones con la guerrilla o con el narcotráfico.

Que no haya garantías para su juicio no quiere decir que no hay serios indicios de que es responsable de lo que se le acusa. Uno no puede confundir una cosa con la otra.

En eso, su huida únicamente refuerza una culpabilidad no aceptada, pues bajo ningún criterio es una perseguida política. Es una investigada.

María del Pilar Hurtado no debió fugarse. Su exilio se convirtió en un símbolo de impunidad que la justicia colombiana no puede dejar pasar y en un tema que puede originar tensiones diplomáticas con el vecino país.

Para Panamá mantener ese asilo territorial es pagar un costo alto por un asunto que nada tiene que ver con delitos políticos.

Y para Colombia es una afrenta contra las víctimas, la verdad y a las garantías de no repetición que esta persona no enfrente la justicia, debilitando más la democracia y la institucionalidad nacionales. Su asilo es insostenible.

Por eso, tarde o temprano, Hurtado terminará de vuelta en Colombia y posiblemente le aplicarán emblemáticamente todo el peso de la ley para que nadie más intente pedir asilo y con eso saltarse la justicia. Hurtado no podrá escapar a su responsabilidad, ni tampoco lo podrán hacer las personas que le ordenaron hacer las cosas por las cuales hoy se le pide en extradición.

La justicia colombiana está lejos de ser justa. Pero es la nuestra y la que tenemos hace tiempo lamentablemente. María del Pilar Hurtado no debe ser la excepción a enfrentar estas instancias con las que tenemos que lidiar todos los ciudadanos por igual, y menos cuando hay serios indicios que muestran su responsabilidad en los hechos investigados.