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El surgimiento de múltiples grupos de autodefensa que afirman luchar contra los carteles del narcotráfico en Michoacán, México, agrega más combustible a la violencia en este país. Sin embargo, aunque estos grupos tengan elementos similares a las originales autodefensas colombianas –que evolucionaron hacia el sangriento fenómeno paramilitar– hay también diferencias sustanciales entre ambos casos.
Al igual que en Colombia, México tiene una larga historia de grupos privados que se tomaron la justicia por sus propias manos. Desde los bandoleros y jefes feudales en la época de la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX hasta los zapatistas en Chiapas, que mantienen todavía el control indirecto de sus comunidades.
De manera similar a la Colombia de los noventa, el narcotráfico campea y las drogas producidas o transportadas generan ganancias multibillonarias a un grupo reducido de carteles. Estos grupos criminales amenazan y extorsionan de manera sistemática a la población.
Pero las diferencias son también importantes.
El fenómeno paramilitar en Colombia se integró en muchos casos como un componente más de una estrategia antiguerrillera y se declaró aliado del Estado en dicha lucha. Aquí los paramilitares terminaron actuando ellos mismos como carteles. Los grupos de autodefensa mexicanos surgen como respuesta a la extorsión de algunos carteles –como el caso de los Caballeros Templarios–. Allá no existe una guerrilla nacional a la que combatir. No hay por tanto un discurso ideológico similar.
Colombia ha tenido y tiene serios problemas para imponer la ley en su propio territorio. Por el contrario, luego de la Revolución, el Estado mexicano fue eficaz en imponer su presencia, aun cuando esta sea muchas veces clientelista y corrupta. Los paramilitares en Colombia se expandieron ante el vacío de la autoridad. Las autodefensas en México reclaman la eficacia de esa autoridad.
Pero hay riesgos claros y presentes en lo que sucede en Michoacán en estos días.
Los grupos de autodefensa se niegan a ser desarmados y ni siquiera el Ejército puede obligarlos, sin incurrir en operaciones ofensivas contra las propias comunidades. Los vínculos entre grupos criminales y políticos son materia de denuncia insistente por parte de la población en Michoacán, en curioso paralelo con lo que se develó en la denominada "parapolítica" en Colombia.
Si el gobierno mexicano no demuestra eficacia en la protección de sus propios ciudadanos, los grupos se multiplicarán. Actualmente, estos operan en 9 de los 31 estados de la Unión Mexicana. Luego, reclamarán más recursos y probablemente algunos de ellos recurran al crimen para financiarse. La frontera entre la legítima policía comunitaria y el paramilitarismo puede volverse cada vez más tenue y borrosa, con los terribles efectos que ya conoce Colombia.
La manera en que el gobierno mexicano responda al desafío planteado por las autodefensas en Michoacán determinará en gran medida el éxito o fracaso de las nuevas políticas de seguridad del gobierno mexicano. Después de haber logrado mejorar la percepción de seguridad, el presidente Peña Nieto tiene ante sí el reto de traducir la imagen en realidad, incluyendo una mejor justicia, una policía depurada y más oportunidades para los que se ven tentados a participar en el crimen. Colombia ofrece algunos ejemplos, pero hay que tener cuidado en el calco y la copia