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No sabemos todavía cuáles serán los acuerdos que resulten de las conversaciones de paz en La Habana. Pero si el contenido de la llamada "declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda: víctimas", se confirma en la práctica, el proceso de paz aumenta sus posibilidades de ser algo más que un pacto entre élites y guerreros.
Esta declaración refleja los conceptos básicos de una justicia transicional eficiente: no se trata de intercambiar impunidades –como lo dice la declaración–, sino de reconocer incondicionalmente los derechos de las víctimas y contribuir al esclarecimiento pleno de los hechos, la reparación integral y las garantías de no repetición. Esto se complementaría con la asunción de responsabilidades frente a todos estos derechos.
Por supuesto que faltan temas por precisar y evidenciar. Por ejemplo, todavía es incierto qué tipo de comisión de la verdad tendrá Colombia. También es notable el silencio sobre la justicia penal.
En estos tiempos de polarización, probablemente algunos citarán estas ausencias como prueba de la impunidad que se fragua a fuego lento en los salones de negociación de La Habana. Pero a ninguna de las partes en Cuba le será sencillo argumentar que la impunidad sobre crímenes atroces es una consecuencia de la asunción de responsabilidades. En todo caso, como lo demuestra la contienda electoral, incluso si las partes lo intentaran, la opinión pública difícilmente aprobaría acuerdos que extiendan impunidades amplias e irrestrictas.
Respecto a las medidas anunciadas, las más importantes son las del establecimiento de una "comisión histórica del conflicto y sus víctimas" y la creación de un grupo de trabajo de género.
No queda claro si la primera será una especie de mecanismo preparatorio para una comisión de la verdad. Sería en todo caso preocupante que las partes busquen simplemente negociar una narrativa compartida del conflicto y sujetar, de esta manera, a la futura comisión de la verdad a una camisa de fuerza de ideas preconcebidas y convenientes para los actores del conflicto.
La mayor parte de los países que pensaron en comisiones de la verdad, las implementaron como mecanismos oficiales, independientes y con funciones amplias para revelar los hechos, causas, secuelas y responsabilidades de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Solo en América Latina, comisiones con esas características han funcionado en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Haití y una opera actualmente en Brasil.
En Colombia han existido múltiples iniciativas, como la de la Comisión Nacional de Memoria Histórica. Pero, como lo dijo esa comisión, lo que falta en Colombia es que las víctimas sean actores centrales del esclarecimiento de los hechos. La verdad desde las víctimas es precisamente lo que puede aportar novedad a este proceso y lo convertiría en único.
Falta todavía mucha tela por cortar para imaginar el modelo colombiano de justicia transicional. Pero el documento firmado en La Habana el sábado no debería ser menospreciado. Por el contrario, todos deberían fijarlo como el parámetro sobre el que será juzgado el acuerdo final y su implementación.
* Director para América Latina de International Crisis Group.