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El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a la Cancillería revisar, y de ser necesario, acompañar el caso de la oncóloga Ana María González condenada a 10 años de prisión por intento de asesinato en los Estados Unidos.
Esto, en atención al artículo 282 de la Constitución Política que en su numeral primero establece como funciones de la Defensoría del Pueblo “Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado”.
La Defensoría señaló que le preocupan las informaciones que han registrado los medios de comunicación respecto a una posible insuficiencia de pruebas y a la supuesta falta de rigurosidad en la recolección de la evidencia que soportó la acusación contra González Angulo.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que todavía está pendiente el recurso de apelación, el Defensor del Pueblo exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar las circunstancias y prestar el apoyo necesario a fin de procurar el aporte de todos los elementos legales disponibles para que el derecho a la segunda instancia agote los trámites pertinentes.