viernes
7 y 9
7 y 9
Diecisiete organizaciones de las Américas solicitaron a la CIDH que asuma un rol "protagónico" en la búsqueda de nuevas estrategias en la lucha contra las drogas, para que el impacto de esas políticas sobre los derechos humanos sea una prioridad "central" dentro del debate en el continente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó por primera vez la intersección entre drogas y derechos humanos durante una audiencia de su 150 periodo de sesiones, al escuchar las denuncias de una coalición de organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay y Estados Unidos.
"Cincuenta años después del inicio de la guerra contra las drogas, son necesarias políticas alternativas que reduzcan los daños sociales, y creemos que el paradigma de los derechos humanos es el paraguas bajo el cual podemos pensar este cambio", dijo Luciana Pol, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.
En ese sentido, la CIDH "puede jugar un rol protagónico" en el debate para replantear las estrategias contra el narcotráfico que se avivó a raíz del informe presentado el año pasado por la OEA, agregó su compañero Gastón Chillier, también del CELS.
"Pedimos que la CIDH reconozca la implementación de políticas de lucha contra las drogas como una fuente de violaciones a los derechos humanos en la región e incorpore en su agenda de trabajo de manera transversal y sistemática la cuestión de cómo estas políticas afectan a los derechos humanos en la región", precisó Chillier.
En concreto, las organizaciones pidieron a la CIDH que elabore un informe sobre el "impacto de las políticas de drogas" en los derechos humanos, y redacte "un segundo documento" con recomendaciones a los Estados miembros de la OEA "que tenga en cuenta los modelos alternativos" en el continente "como el que se está produciendo en Uruguay", explicó Chillier.
Entre los posibles impactos de las políticas antidrogas se mencionaron los "desplazamientos forzados" generados en Perú y Colombia por las "políticas de erradicación forzosa y aspersión aérea" de cultivos ilícitos, o el "encarcelamiento masivo de mujeres por el delito del microtráfico de estupefacientes" en Argentina.
Además, las políticas contra las drogas "han sido fuente de medidas penales excesivas", según explicó Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia.
"Esto ha llevado a que en muchos de nuestros países las penas previstas para tráfico de cantidades muy limitadas de estas sustancias tengan penas más graves que el homicidio o la violación, lo cual implicaría decir que en nuestros países es más grave traficar pequeñas cantidades de cocaína que matar o violar", indicó.
Las organizaciones pidieron además a la CIDH que "participe activamente" en las Asamblea Extraordinaria de la OEA sobre drogas que se celebrará en septiembre en Guatemala.