Plan desarme de Petro desconoce la Constitución

El anuncio del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de su intención de prohibir el porte de armas en la capital no sorprendió por su novedad sino porque no es de su competencia determinarlo.

Un hecho que es bastante contradictorio, pues la Constitución Política de 1991, la misma en la que Petro fue protagonista como desmovilizado del M-19, determina que los alcaldes tienen la responsabilidad de mantener el orden público en sus municipios, pero en cuanto al tema del porte de armas se refiere, la responsabilidad es exclusiva de las unidades militares, es decir, el comandante de la Brigada a la que corresponde cada ciudad es quien lo decide.

Frente a la polémica suscitada ante el anuncio de Petro, analistas como Diego Corrales, director de la consultora Enciudad, consideran que es una medida positiva porque el solo hecho de sacar armas de circulación incide en la disminución del crimen aunque considera que la medida por si sola no da resultados y, por lo tanto, debe ir acompañada de otras estrategias de seguridad.

"Las armas deben ser de uso legítimo del Estado, si los crímenes se cometen con armas legales o ilegales, pues eso debería poder confirmarse con pruebas de balística, pero la impunidad que hay en muchos sectores de nuestra justicia lleva a que eso no se pueda medir en forma real o tangible, pero de todas formas entre más armas haya fuera del mercado, más se preserva la vida", señaló Corrales.

Para Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de Eafit, este hecho invita a evaluar las facultades tan limitadas que tienen en Colombia, incluso los alcaldes de grandes ciudades.

"Tenemos muchos problemas en cuanto a que las competencias de los alcaldes son muy limitadas, el Alcalde es jefe de Policía pero eso no significa que sea jefe de la Policía", señala Jorge Giraldo.

La reflexión también está encaminada al porte de armas en sí mismo, qué tipo de ciudadanos se están armando, a quiénes se les da salvoconducto para portar un arma de fuego.

"La restricción al porte ilegal de armas puede disminuir las cifras de homicidios, pero no se piensa que muchos de ellos se cometen con armas con salvoconducto, la discusión entonces debería darse en ese sentido, además, en la sociedad colombiana las excusas acerca de que los ciudadanos tienen derecho a defenderse, están muy desprestigiadas como para apelar al argumento de que los ciudadanos deben portar armas", concluye Giraldo.

En declaraciones a la agencia de noticias AP, Hugo Acero, quien fue subsecretario de Seguridad durante las alcaldías de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, en Bogotá, hizo una reflexión en el mismo sentido al señalar que, "en Colombia obtener el permiso para portar un arma de fuego es más fácil que sacar la licencia de conducción".

Una medida nacional
En medio de la discusión sobre quién debe o no tomar esta medida y si es o no pertinente, el subdirector de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, respaldó la propuesta del alcalde Gustavo Petro y estimó que ojalá se extienda a nivel nacional.

De acuerdo con el oficial esa institución ha venido insistiendo en la necesidad de tomar esta medida para proteger la vida, y que las armas estén solamente en poder de la Fuerza Pública.

"Todo el respaldo de la Policía Nacional a la propuesta del señor alcalde. Ojalá sea a nivel nacional", expresó el general León Riaño al solicitar a los bogotanos que entreguen las armas que puedan tener.

De acuerdo con León Riaño, el 82 por ciento de los 14.746 homicidios que se presentaron en el 2011 en el país se cometieron por el uso de armas de fuego. Esta cifra, advirtió, es la más baja en los últimos 26 años.