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Una vez cancelen una caución prendaria de 50 millones de pesos cada uno, quedarán en libertad los diez militares absueltos por la matanza de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, caso conocido como la masacre de La Resbalosa, ocurrido el 21 de febrero de 2005.
En esos hechos fueron asesinados los líderes de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra Guerra y sus hijos, un niño de 11 años y una adolescente de 17; Alfonso Bolívar y su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos de 6 y dos años, así como el adulto Alejandro Pérez.
Según este fallo, de primera instancia, proferido el pasado jueves, no se pudo comprobar la responsabilidad de diez oficiales y suboficiales de la Brigada XVII, en la muerte de estas personas, las cuales fueron descuartizadas.
La medida, que puede ser apelada, beneficia al teniente coronel del Ejército, Orlando Espinosa Beltrán; a los tenientes Édgar García Estupiñán y Alejandro Jaramillo Giraldo; al mayor (r) José Fernando Castaño López; al subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega; a los sargentos viceprimeros, Ángel María Padilla Petro y Darío José Brango Agámez, y a los sargentos segundos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, y Henry Cuasmayán Ortiz.
Los militares fueron acusados por la Fiscalía Séptima de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de ser presuntos responsables de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir agravado.
En uno de sus apartes, el juzgado sustenta su decisión en que, si bien los militares patrullaban con las autodefensas, situación que criticó el despacho, el grupo armado ilegal se dividió y tomó un rumbo distinto al de los uniformados. Luego los paramilitares se encontraron con sus víctimas y las masacraron de lo cual se enteraron las tropas cuando escucharon las detonaciones.