Porce IV, caso de fuerza mayor

Sólo si se desconociera la realidad del país podría responsabilizarse a Empresas Públicas de Medellín (EPM) de incumplir su compromiso para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Porce IV. Achacarle la culpa sentaría un grave precedente para el futuro de cualquier proyecto de similares dimensiones, pues no pueden desconocerse las razones de fuerza mayor, ante un conflicto económico y social, y de orden público, que escapa a su control.

No es ningún secreto que en el país existen personas que estimulan la invasión de los lugares donde se proyectan grandes obras y, en un buen número de casos, particularmente en zonas rurales, son los grupos armados ilegales los que promueven estos desplazamientos masivos, creando falsas expectativas en la población en torno a beneficios económicos derivados de la compra de los predios invadidos.

Esta situación fue evidente en el caso del Proyecto Hidroeléctrico Porce IV y está debidamente documentada por Empresas Públicas de Medellín y por EL COLOMBIANO y otros medios de comunicación. Cifras obtenidas en desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental demuestran que en 2006, en la zona donde se construiría el embalse había asentadas 2.799 personas. Luego de 2008, tras la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social del proyecto, que le dio a EPM la primera opción de compra de los terrenos requeridos, la población se incrementó a 8.500 personas. Dos años después, el Consejo Mayor Comunitario AZA, en representación de las organizaciones y comunidades de la zona de influencia del proyecto, en el nordeste de Antioquia, exigió el reconocimiento de 14.500 afectados. Ocho meses más adelante, la población superó las 15 mil personas.

Detrás de los desplazamientos forzados se denunció la presunta existencia de actores armados al margen de la ley, y allí se mezclaban otras actividades, como la masiva minería ilegal y los cultivos ilícitos. Las indemnizaciones exigidas por los invasores ascendían a más de 500 millones de dólares. Así, el proyecto resultaba inviable, como cualquier otra obra que tuviera que reconocer el pago de esa cifra desmesurada.

Antes de decidir la suspensión del proyecto, EPM expuso la situación ante las autoridades, ante los municipios impactados y sus comunidades, en una mesa de trabajo. Por todos los medios buscó una solución para problemáticas que, según lo consignó expresamente en un comunicado a la opinión pública, "desbordan la capacidad de manejo de cualquier entidad interesada en acometer un proyecto de esta índole con absoluta coherencia y responsabilidad". Así lo informó la Junta Directiva al Gobierno nacional antes de decidir, en diciembre de 2010, la suspensión indefinida de la construcción del embalse de la central hidroeléctrica, aduciendo razones de fuerza mayor. Hoy permanece invariable esa conflictiva situación.

Por eso resulta difícil de entender la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de cobrar la garantía por 23.680 millones de pesos, un asunto que hoy está en los tribunales. Las razones de fuerza mayor son tan claras que no entendemos por qué la Creg persiste en su reclamo, a menos que se trate de una muestra más del maltrato que en el pasado ha dado a EPM, como cuando sus regulaciones impidieron que Antioquia tuviera tarifas de energía más bajas. O cuando puso un techo del 25 por ciento para su participación en la generación de energía en Colombia, bloqueando sus planes de expansión en el país, lo que la obligó a realizar proyectos en el exterior.

Un extraño caso de canibalismo, como si el Estado mismo quisiera devorar a sus empresas más capaces, reconocidas y eficientes.