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El Senado de la República aprobó a principios del pasado diciembre el proyecto de nuevo Código Penitenciario, que busca solucionar la delicada crisis carcelaria que enfrenta el país, originada principalmente por el hacinamiento.
El nuevo Código Penitenciario contiene interesantes elementos como la creación de ciudadelas de detención preventiva y la separación de sindicados de condenados, el tratamiento diferenciado según género, edad o condición de discapacidad, y garantiza el derecho al trabajo de los reclusos, a la salud, la educación u orientación sexual.
Con los cambios realizados al Código Penitenciario se pretende liberar al menos 10 mil presos, así como la implementación de un sistema especial de salud carcelario y la firma de acuerdos con instituciones de educación superior para que los estudiantes de derecho desarrollen sus prácticas mediante asesoría a los reclusos. Pero estas y otras tantas maravillas que propone sobre el papel el nuevo Código Penitenciario, no representan la solución carcelaria en Colombia, donde la infraestructura penitenciaria tiene un atraso de más de 50 años. No resuelve hacinamiento ni garantiza la resocialización.
¿De dónde saldrán los recursos para su implementación por ejemplo, o para construir las nuevas cárceles? ¿Hay claridad desde el Ministerio de Hacienda? Seguro que no porque el Gobierno tiene otras prioridades presupuestales como para ponerse a pensar en la vida digna que merecen "los delincuentes", la cantidad de inocentes que pagan condenas, y los presos que ya han cumplido sus penas, pero por la inoperancia y olvido institucional, siguen confinados en prisión.
Y es que "la cárcel es como la muerte…", como dice la canción de salsa. La deshumanización del sistema y el abandono al que son sometidos nuestros internos en el país son el espejo de una sociedad fría y egoísta.
Dentro de los mismos patios de las cárceles se han elevado peticiones al alto gobierno para que se mejoren las condiciones de vida de los presos, quienes no están pidiendo "cañón ni solomo" pero que ya están hastiados de recibir alimentos en descomposición y de tercera categoría, de dormir y hacer sus necesidades como animales, de enfermarse y hasta morir sin la debida atención.
Pero no es sino que se anuncie la visita del Ministro de Justicia o de algún otro dirigente importante a la cárcel, y paradójicamente ese día sí hay pollo, pescado y carne de primera, como queriendo tapar el sol con un dedo.
Ahora, de cara a las elecciones parlamentarias, llama la atención la ceguera política frente a la abundante población carcelaria, donde también ejercen su derecho al voto.
Conozco de primera mano el trabajo desarrollado por el comunicador social Iván Darío Gutiérrez, director de Corpifamco, que es una corporación que trabaja por los derechos humanos de los internos y sus familiares, con más de nueve mil afiliados, pero que requiere un pequeño apoyo logístico para continuar con su importante labor, y ningún político ni entidad privada o pública le ha prestado la suficiente atención. Como si los presos no fueran objeto de derecho y no fueran seres humanos. Hay que hacer política dentro de las cárceles en busca de la reivindicación de sus derechos, y ni usted ni yo estamos libres de llegar allí.
Necesitamos más gente trabajando por los presos. Desde afuera, luchamos por la misma causa que ustedes, la del respeto de sus derechos. Y Aunque suene contradictorio e idílico, les deseamos pronto la libertad; mientras continúen allí libertad del alma, y un feliz 2014.