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La tranquilidad que les dio a los familiares de las 342 víctimas de la masacre de Trujillo en el Valle la condena a 44 años de prisión impuesta al teniente coronel (r) del Ejército Alirio Antonio Urueña tiene un toque amargo: el oficial fue liberado por un tecnicismo y cuando se ordenó su recaptura no fue posible saber de él.
"A él lo dejó en libertad un juez de Tuluá por problemas de forma y se declaró la nulidad del proceso. Luego el Tribunal de Buga ordenó su recaptura, pero hasta ahora no ha sido posible", dijo Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (parte civil del proceso).
La providencia, de 120 páginas, también precluyó el proceso a favor del teniente (r) de la Policía José Fernando Berrío, comandante de la estación de Policía de Trujillo.
Urueña y Berrío fueron procesados por el homicidio de cuatro personas.
Además se cerró el caso contra el sargento (r) Jesús Aníbal Álvarez, quien hacía parte del B-2 del Ejército, en Tuluá, y que falleció, explicó el abogado Contreras.
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Han sido 20 años de lucha de las familias de las víctimas que han insistido en desenredar la madeja de alianzas entre militares, policías y paramilitares que, entre 1986 y 1994, le costó la vida a 342 personas que fueron señaladas como auxiliadoras de la guerrilla. Un hecho por el cual el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Henry Loaiza, alias "El Alacrán", fue condenado el 18 de diciembre de 2009 a 30 años de prisión por el homicidio de Daniel Arcila y Mauricio Castañeda.
Arcila, un informante del Ejército había declarado ante la Procuraduría sobre la participación de uniformados en desapariciones, torturas y homicidios luego del ataque del Eln a una patrulla del Ejército (23 de marzo de 1990), en el corregimiento La Sonora, en el cual murieron siete militares.
El 5 de mayo de 1991, Arcila desapareció luego de haber sido detenido en el parque de Trujillo. Un testigo aseguró que fue llevado a Riofrío, a la finca Paola, de alias "el Alacrán", donde fue asesinado, descuartizado y lanzado al río Cauca.
La de ayer es la primera condena contra los uniformados, pero podría no ser la última.
Esto porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó hace 15 días revisar los fallos absolutorios a favor de Loaiza ("el Alacrán"), Iván Urdinola Grajales, Diego León Montoya (alias "Diego"), Carlos Alberto Garcés Giraldo, Diego Rodríguez y el mayor (r) Urueña, por los homicidios cometidos entre el 30 de marzo de 1990 y el 24 de abril del mismo año, luego del ataque en La Sonora.
"Está pendiente el proceso contra el coronel Hernán Contreras, del Batallón Palacé, y varios policías de las estaciones de Salónica, Riofrío, Tuluá y Trujillo", explicó Carreño.