El principio de oportunidad es la "herramienta de negociación del Estado para futuros procesos de paz con grupos ilegales y un instrumento de política criminal contra el terrorismo y el narcotráfico".
Así definió el representante a la Cámara, Nicolás Uribe, el proyecto de ley aprobado el pasado lunes por la Cámara de Representantes y al que solo le resta conciliación con el Senado y sanción presidencial.
Una de las implicaciones de esta iniciativa es que permitirá que a unos 19.000 desmovilizados (combatientes rasos) de las autodefensas, cuya situación penal estaba en un "limbo jurídico" se les suspendan las acciones penales en su contra.
Uribe, uno de los ponentes de la iniciativa, explicó que el principio de oportunidad resuelve ese "limbo jurídico", porque, tras la desmovilización, la Corte Suprema de Justicia tumbó un artículo que permitía aplicarles el delito de sedición a los desmovilizados por su simple militancia en un grupo ilegal y determinó que su delito era un concierto para delinquir agravado, el cual no permitía otorgarles beneficios jurídicos.
"La mayoría de ellos ya declararon y están libres porque no se les comprobó delito diferente al de pertenecer a un grupo ilegal. Por eso la condición es que no hayan sido jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que tampoco hayan cometido otros delitos ni antes ni después de la desmovilización", indicó Nicolás Uribe.
Instrumento negociador
Pero es el alcance de cara a futuras desmovilizaciones de grupos ilegales la que más destaca el parlamentario ponente del principio de oportunidad.
Según Nicolás Uribe, "esto se convierte en un instrumento de negociación del Estado si se diera una desmovilización del Eln o las Farc o un frente de estas guerrillas".
Pero al mismo tiempo, agrega el dirigente político, es una "herramienta de política criminal" que se extiende a organizaciones narcotraficantes y terroristas. "Al permitir que un miembro de un grupo ilegal ayude a desarticularlo o cuando el testaferro de una organización mafiosa se someta a la justicia, entregue bienes y ayude a combatir esa estructura, es un arma contra el crimen".
Sobre los cuestionamientos, Uribe aseguró que no promueve la impunidad, puesto que el proyecto de ley establece un "periodo de prueba" de tres años y que el principio de oportunidad lo solicita un fiscal ante un juez de garantías.
"Si el fiscal o La Procuraduría como Ministerio Público consideran que no hubo colaboración efectiva o se comprueba que la persona cometió un delito pueden controvertir y pedir que no se conceda este beneficio", argumentó el parlamentario.
El Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Frank Pearl, coincide con el ponente de esta iniciativa al señalar que "es un buen precedente, no solamente para este proceso de paz, sino para futuros acuerdos que se hagan con grupos ilegales". Además considera que frente al proceso de reintegración, del cual participan 19 mil desmovilizados de las autodefensas que se encontraban en limbo jurídico, de ser aprobada la ley los reinsertados "podrán buscar oportunidades de trabajo".
Ante las críticas de este proyecto de ley que señalan que es una puerta a la impunidad, Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, es claro en resaltar que, "el desmovilizado que puede gozar del principio de oportunidad es quien a la fecha no le aparezca ninguna vinculación a un proceso, si el día de mañana aparecen evidencias, material probatorio de haber participado en un hecho ocurrido antes del principio de oportunidad, el desmovilizado debe responder por ese hecho. Esto no les da ninguna patente, ninguna inmunidad".
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