Pocas horas  después de que la Corte Constitucional le diera luz verde al Procurador General  de la Nación para que opinara acerca de la adopción por parte de las parejas del mismo sexo, se conoció la negativa que a tal propuesta dio el jefe del Ministerio Público.

“No existe ni afectación del principio de igualdad, ni del principio de la no discriminación, con las parejas del mismo sexo”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez, al pedirle a la Corte Constitucional que mantenga el artículo 68 (numeral 3) de la Ley 1098 de 2006, al igual que el artículo 1 de la ley 54 de 1990, tal como están en la actualidad, es decir, que sólo se permita la adopción para parejas heterosexuales.

De esta manera, el jefe del Ministerio Público cierra la puerta a la posibilidad que varios ciudadanos reclamaron para que se ampliara el criterio consignado en las normas demandadas, en el sentido de que se entienda que no sólo las parejas heterosexuales pueden adoptar, por cuanto en criterio de los demandantes, al no tener en cuenta  a las parejas homosexuales, se están violando derechos fundamentales, como el de tener una familia.

“El Ministerio Público consideró que la Ley 1098 de 2006 está en armonía con la Constitución, en torno al respeto a la dignidad humana, a la igualdad, a la no discriminación, a la protección integral de la familia, así como a la prevalencia de los derechos de los niños”, afirma el concepto de la Procuraduría. Agrega que “la norma para nada afecta el reconocimiento de los derechos que la Corte Constitucional ha reconocido a las parejas convivientes del mismo sexo”.

“Lo justo y lo debido es el trato diferenciado y justificado, por lo cual no existe ni afectación del principio de igualdad, ni vulneración del principio de la no discriminación”, agregó.

En la noche del miércoles la Corte Constitucional negó la recusación propuesta por Mónica Sánchez, integrante de Colombia Diversa, quien cuestionó la posibilidad de que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, opinara (como la Ley lo obliga) en el proceso que se tramita en la Corte, y que busca abrir la puerta para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños.

Por seis votos contra tres, la Sala consideró que en este caso no se presenta el alegato de interés moral, en el que, según la demandante, incurrió el jefe del Ministerio Público.

El presidente de la Corte, magistrado Nilson Pinilla, recordó que “cuando el Procurador Ordóñez se pronunció al respecto fue en 2003, y la ley que contiene la norma demandada es de noviembre de 2006. Por ello, no se puede dar un concepto previo que inhabilita a un servidor judicial, entre otras cosas porque al momento de las declaraciones, la norma demandada por Marcela Sánchez, no existía”, dijo el Magistrado, al agregar que, de otra manera, se afectaría el derecho a la libre expresión.