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La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa denuncia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ante la Corte Penal Internacional (CPI). Las FARC cometieron una atrocidad y la respuesta del ministerio fue recurrir a la justicia internacional y hacer noticia de esa denuncia. Según los titulares del 23 de marzo de 2014: "Ya van 171 casos de las FARC llevados ante justicia internacional".
Los asesinatos de Edilmer Muñoz Ortiz y Germán Méndez Pabón son hechos condenables y no tienen justificación alguna ni mucho menos la enredada explicación que la guerrilla ofrece de por qué sus hombres decidieron quitarles la vida a estos dos policías. El dolor de sus familiares y sus amigos debe ser inconmensurable; la respuesta de las autoridades para abordar este hecho y sus repercusiones debería ser ejemplar. En vez de vociferar tanta denuncia internacional y utilizar el hecho con fines propagandísticos, deberían dedicarse a enfrentar las consecuencias del hecho en el marco de sus funciones.
El uso propagandista de estos homicidios no contribuye a la reparación de las víctimas y profundiza las distorsiones que ya existen en relación con la CPI. La denuncia ante este tribunal internacional no hace que el crimen sea más grave, no torna a los guerrilleros más criminales ni contribuye a la reparación de los familiares de estos policías.
Lamentablemente, lo único que hace la denuncia, reiterada por el general Palomino como algún tipo de logro, es generar más expectativas en relación con la CPI y desvirtuar el funcionamiento del aparato de justicia colombiano.
Al recurrir a la CPI el mensaje es uno: la justicia colombiana carece de capacidad para juzgar este tipo de crimen. No me lo estoy inventando; tan sólo trato de hacer sentido de la movida gubernamental. Es un acto insólito: que un ministro, a través de sus delegados, llame a la autoridad internacional porque la justicia nacional no funciona. Si esto fuera el Congo hasta se puede entender, pero en Colombia, después de tanta defensa de la soberanía nacional, una noticia de estas es difícil de digerir.
La CPI es una instancia que opera bajo la lógica de complementariedad en relación con las jurisdicciones nacionales. Asume competencia sólo cuando la justicia de un país no quiere o no puede investigar los crímenes internacionales que acontecen en su territorio. Además, es claro que no asume competencia de un hecho específico sino de una situación; en este caso: la situación colombiana, que comprende crímenes cometidos por las guerrillas, los agentes estatales y los paramilitares. Es decir, de prosperar la intención detrás de la denuncia internacional, la competencia no se activa en relación con el caso específico, sino que la CPI asume conocimiento de toda la situación para examinar los déficits cuantitativos y cualitativos de justicia, para luego decidir autónomamente los crímenes que perseguirá.
Como se pueden imaginar, no hay mucho déficit de persecución penal en relación con los miembros de las guerrillas. De hecho, hay miles de condenas, incluso en ausencia de los procesados.
Es hora de tomar los compromisos internacionales en serio. En vez de trasladar los debates al exterior y hacer shows mediáticos en diálogo con la CPI, sería más contundente y conducente demostrar la capacidad del poder público de hacer cumplir la ley, en el marco del Estado de derecho que tanto se profesa.