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Compartimos la propuesta que hizo en días pasados en su columna de El Colombiano el jurista Luis Fernando Álvarez, de adelantar "una reforma constitucional que, además de otros temas necesarios para construir verdadera democracia, considere la necesidad de regresar a la circunscripción territorial para la elección de senadores".
Es preocupante que "por lo menos 13 departamentos se hayan quedado sin representación en el Senado". Número que contrasta con el 30 % del total de senadores que obtuvo la costa Caribe, hecho que se podría constituir en un grupo de presión de consecuencias políticas insospechadas.
Sin caer en el vicio de creer que modificando continuamente la Carta Constitucional se arreglan todos los males del país, opinamos que es necesario, con la reforma propuesta por el exmagistrado Álvarez Jaramillo, avanzar en otras modificaciones como el desmonte del voto preferente y la reelección presidencial.
El voto preferente despierta la voracidad de los caciques regionales, quienes con la inescrupulosa compra de votos originan un anarquizado mercado de oferta y demanda. Crean feudos personalistas que muelen la organización, democratización y disciplina interna de los partidos. Creemos que con listas cerradas se podría contribuir a revitalizar los partidos y evitar en buena medida, las inescrupulosas financiaciones individuales con dineros mal habidos.
La reelección presidencial debe ser replanteada. La experiencia demuestra que con su vigencia se utilizan toda clase de instrumentos legales y poco éticos en beneficio de quien tiene las riendas del poderoso sistema presidencialista colombiano. Un presidente/candidato descuida sus funciones como mandatario para usar y abusar –como hoy se evidencia en la campaña electoral– de todo el aparato del Estado con sus recursos presupuestales y frondosa burocracia para lograr su reelección. Confunde en los meses de campaña, lo que es la dignidad en el ejercicio de la presidencia con la ramplonería y promeserismo en su actuación de candidato.
Al sistema electoral hay que buscarle soluciones. Todas las comparsas que en estos feudos podridos coparon la votación, construyen un tinglado de la farsa nociva para la transparencia del sistema democrático. Hay que combatir la corrupción electoral en todas sus formas y disfraces, a través de una eficiente pedagogía electoral de los jurados, con una severa vigilancia en las urnas de gente idónea que fiscalice los excesos de aquellos que, sin Dios y sin ley, escamotean los votos sin ningún prejuicio.
Por supuesto que fuera de esas reformas a la Carta para actualizar y darle confianza y credibilidad a nuestra actual legislación electoral, hay otros temas que debe abordar el próximo Congreso. Sesiones que indudablemente serán muy agitadas por la formación de gavillas que podrían convertirlo en una gallera que devolviera al país a las deplorables discusiones de los años de la violenta confrontación partidista.
El Congreso tiene que enfrentar, no solo estas reformas electorales, sino los desafíos existentes en materia pensional, de salud pública, de reforma judicial y tributaria, de la distribución y propiedad de la tierra, de los límites de la tutela, del marco jurídico para la paz y la definición de las reglas del conflicto. Si no aborda y satisface estos desafíos su misión habrá sido estéril.