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La implementación de alianzas público-privadas (APP) en países emergentes, en los que hay restricciones fiscales para la financiación de proyectos, se ha convertido en un elemento crucial de los arreglos institucionales que facilitan el desarrollo.
La relevancia que tiene la infraestructura en la competitividad de la economía, en el crecimiento de las exportaciones y en el desarrollo social de las regiones, y la importancia de los sistemas eficaces de transporte público hacen patente la necesidad de diseñar mecanismos que permitan desarrollar alianzas para la realización de diferentes proyectos.
La discusión en Colombia frente a este tema se ha centrado en el marco legal y regulatorio: las leyes 1508 de 2012 (que establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas) y la 1682 de 2013 (denominada ley de infraestructura) representan significativos avances en la construcción de un marco adecuado que evite los problemas más notorios de la contratación estatal.
Varios elementos deben contribuir a una mejor gestión de las obras, y deben evitar conductas inapropiadas, que llevaban a los contratistas a buscar rentas a través de litigios generados por la mala estructuración de contratos públicos.
Entre estos elementos se encuentran esquemas de retención y transferencia de riesgos entre las partes; mecanismos de pago asociados a la disponibilidad y nivel de servicio de la obra; y acabar los anticipos en proyectos de concesión.
Así que el fortalecimiento institucional y establecer políticas claras en las APP permiten introducir mayor competitividad y, en consecuencia, soluciones innovadoras frente a fallas del mercado que se presentan en la contratación de obras de infraestructura.
La evidencia empírica en la implementación de APP en infraestructura en algunos países como Francia, Chile, y Japón, dejan ver ventajas en la eficiencia técnica derivadas de la competencia entre firmas privadas, integrando todo el ciclo del proyecto. Así hay mejores servicios para los ciudadanos, como resultado de la exigencia del sector público al privado.
Ahora bien, en cuanto al gasto en infraestructura pública el país continua rezagado. El último reporte de competitividad mundial 2013-2014 del Foro Económico Mundial, otorga al país una calificación de 2,6 sobre 7 en infraestructura vial, 1,5 en infraestructura ferroviaria, y 3,5 en infraestructura portuaria. Así mismo, los ránquines de competitividad continúan ubicando a Colombia por debajo de pares latinoamericanos.
El tema de la financiación...
En este sentido, los requerimientos en infraestructura difícilmente podrán lograrse, si perpetuamos participaciones inferiores al 3,0 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de Planeación Nacional.
De acuerdo con la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), al año pasado la inversión requerida para financiar los principales proyectos de infraestructura que requiere el país estaría alrededor del 3,.7 por ciento del PIB, en donde 1,7 por ciento seria de carácter público y el restante privado.
Además, y para el funcionamiento corriente de la economía y poder financiar el gasto, se necesitarían fuentes de financiamiento adicionales de 1,1 por ciento del PIB hasta el año 2020. Parece claro que la inversión en infraestructura es la que más contribuye a crecer la productividad y a la competitividad de la economía.
Y si las APP son una forma novedosa y adecuada de emprender proyectos de infraestructura, cabe preguntarse en qué medida la financiación privada de los proyectos implica sobrecostos para la sociedad.
La financiación pública puede resultar menos onerosa, ya que los riesgos del proyecto se trasladan a los ciudadanos del país que emite la deuda pública. La inversión privada reflejaría, en cambio, las condiciones propias del proyecto, sus riesgos y su rentabilidad, asignando por ello de manera eficiente los recursos. Al tiempo, se estimula la demanda agregada con incrementos en la producción y el empleo bajo políticas expansionistas de la inversión en infraestructura.
El correcto manejo de diseño de mecanismos y el fortalecimiento institucional que permita la confluencia entre el sector público y privado, lograrían mejorar la infraestructura. Y esto, de cara a los tratados de libre comercio, aumentaría la competitividad en el sector privado, y conseguiría aumentar la inversión pública como instrumento de política anticíclica en fases de desaceleración económica.
*Docentes investigadores de la Universidad Eafit.