viernes
7 y 9
7 y 9
La capacidad destructora de los grupos al margen de la ley es tan grande, que por cada peso que el Estado colombiano invierte para reinsertar a la vida civil a exguerrilleros y exparamilitares, hoy destina 40 pesos a la reparación material y sicológica de las víctimas de esos actores ilegales. Para esa cirugía social los victimarios están aportando migajas y es el erario público el que está asumiendo la carga económica.
La desequilibrada relación tiene soportes oficiales. De un lado, si mandatos como la Ley de Víctimas de 2011 se están cumpliendo al pie de la letra, entre 2012-2021 se debe destinar un promedio anual de 6 billones de pesos para sanar y compensarles a las familias por los horrores que el conflicto interno les ha ocasionado. Y quizás es más, porque entre 2012 y 2014 el número de víctimas aumentó en 563.820 personas.
De otra parte, la Agencia Colombiana para la Reintegración Social (ACR) reporta que el costo anual de atender a los desmovilizados de los grupos al margen de la ley es de 150.000 millones de pesos.
Lo anterior indica que dos componentes claves del posconflicto el país ya los ha venido pagando, desde mucho antes de que en La Habana, Cuba, se produzca un eventual acuerdo de paz con las Farc, la guerrilla más antigua del mundo. Si eso es así, el mayor interrogante sobre los costos futuros solo se despejarán cuando se abra de par en par la Caja de Pandora de esa negociación.
Por ahora reina el hermetismo. Simón Gaviria Muñoz, hijo del expresidente César Gaviria Trujillo y actual director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), confirma que su entidad es la que estima lo que se pudieran llamar los "nuevos" costos del posconflicto. Sin embargo, no da detalles porque, afirma, "el tema es de reserva". Igual silencio guarda cuando se le pregunta si más allá de la reserva lo que hay es una escasez de recursos, que tendrá que solucionarse con ajustes tributarios extras.
Alejandro Eder Garcés, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), y miembro del equipo estatal que negocia con las Farc, también pasa de largo cuando se le pregunta si a los desmovilizados de esta agrupación guerrillera se les van a otorgar incentivos económicos o en especie, adicionales a los que están vigentes. La pregunta es pertinente, porque en otros procesos con guerrilleros hubo estímulos para los desmovilizados (ver recuadro).
El costo sin Pandora
Dejando de lado esos estímulos o gabelas adicionales que se podrían otorgar a las Farc, se pueden plantear diversos escenarios sobre los costos de la sola reintegración.
Según conteos del Mindefensa, las Farc tienen 8.100 combatientes. Si todos dejaran las armas para volverse ciudadanos de bien, esto le valdría al erario público 40.500 millones de pesos anuales, pues la atención per cápita anual por desmovilizado es de 5 millones de pesos.
A ese ejército irregular se deben sumar las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT) o "auxiliares" de la guerrilla. Experiencias internacionales indican que estos "logísticos" son entre 4 y 10 por cada combatiente. O sea que en el caso de las Farc esa nómina paralela oscilaría entre 32.000 y 81.000 personas. Desmovilizados en su integridad, implicaría para el Estado una factura anual entre 160.000 y 405.000 millones de pesos.
O sea que en un escenario ideal con toda la guerrilla desmovilizada, el presupuesto de la ACR tendría que ser reajustado entre 200.500 millones y 445.500 millones anuales.
De manera que en el mejor supuesto para la sociedad, que a su turno es el más extremo en materia presupuestal, la ACR tendría que invertir anualmente en estos desmovilizados 595.500 millones de pesos. Como el programa toma en promedio seis años, la factura total pasaría de los 3,5 billones de pesos.
¿Mucho o poco?
Eso equivale al 70 por ciento del presupuesto nacional que va al sector agropecuario; el 12,4 por ciento del presupuesto de Defensa y al 1,61 por ciento del presupuesto nacional de 2015.
La paz tiene su precio
Como el Gobierno no ha generado ingresos extraordinarios para financiar el posconflicto, ha tenido que echar mano del presupuesto ordinario para atender esos costos. Y lo hace desde hace rato.
En el Conpes 3712 de diciembre de 2011, se dijo que para atender a las víctimas entre 2012-2021 se deben invertir 54,9 billones de pesos. De ese monto, solo 31,6 billones de pesos están ligados directamente a la condición de víctima, pues son costos "derivados del menoscabo de sus derechos como consecuencia del conflicto armado interno". Los otros 23,3 billones de pesos corresponden a la satisfacción de los derechos de esas mismas víctimas como ciudadanos colombianos.
Por eso la Contraloría General de la República (CGR ) ha advertido que la Ley de Víctimas se está atendiendo con la misma plata de la política social y de la atención a la población desplazada. Juan Carlos Villamizar, en análisis publicado en la revista de la CGR, advirtió que eso dio lugar a un debate entre "los pobres históricos y los pobres del conflicto interno" y que así ha ocurrido, "porque el Estado no quiere afectar el bolsillo de las clases altas y medias de Colombia".
Eso lo sabe el Gobierno. En el Congreso, el viceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar Arango, dijo en fecha reciente que en 2015 se destinarán 12,5 billones de pesos "para las necesidades de la paz", una partida que incluye recursos ordinarios de la educación, la salud y el agro, bajo la premisa de que "también son para construir la paz".
Al revisar las 333 páginas del formulario 2 del anteproyecto de presupuesto General de la Nación para 2015, solo se detectan 7 ítems relacionados directamente con el posconflicto, con partidas que en conjunto ascienden a 1 billón 962.330 millones de pesos.
Del monto, 1,4 billones de pesos, o sea el 74 por ciento, corresponde a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El segundo concepto en importancia es la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con 243.026 millones y una participación del 12,4 por ciento.
El tercer rubro de importancia es el presupuesto de la Agencia Colombiana para la Reintegración, con 165.474 millones de pesos y un peso porcentual del 8,4 por ciento.
De los 1,9 billones de pesos anotados, esas tres entidades claves dentro del proceso de atención a víctimas y reinsertados se llevan el 94.6 por ciento.
El dinero para sufragar estos costos está saliendo de las arcas públicas. Aunque legal y moralmente están obligados a reparar los daños que causaron, los victimarios están entregando sumas míseras para ello. En dos años que lleva el Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) solo se han recogido 194.352 millones de pesos.
Por la vía de las sentencias de Justicia y Paz han entrado 53.203 millones de pesos, más 11.577 millones de pesos entregados por los postulados a ese mismo programa de beneficios legales.
A la Unidad de Víctimas le han entregado hasta maquinaria vieja, 70 pares de zapatos, 652 prendas de vestir y una medalla.
Y llama la atención este dato: si las multas impuestas por concierto para delinquir se hubieran recaudado, con ello la Unidad de Víctimas podría funcionar todo un año. Vana ilusión: de 1,3 billones "facturados" por ese concepto, solo se han recaudado 3 millones 580.140. Es decir, menos del 0,00027 por ciento.