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Coronel Jorge Rodríguez, subcomandante Policía Metropolitana.
 
Juan Fernando Cano
Aunque existe la creencia de que los delitos cometidos con armas de fabricación artesanal son difíciles de rastrear, están desarrollando técnicas para detectar si un arma se usó en varios casos.
 
Cuando la Policía se incauta de un arma esta es llevada a un depósito de la institución, allí la Fiscalía se encarga de establecer si ha sido utilizada en delitos. Los dueños casi siempre son liberados porque el porte ilegal es excarcelable.
 
Federico Gutiérrez Zuluaga, concejal de Medellín
 
Juan Fernando Cano
El centro de Medellín es la parte de la ciudad donde se incauta la mayoría de las armas de fuego, según la Policá. Muchas de ellas son hechizas, otras provienen del mercado negro y un número significativo están amparadas.
Responsabilidad, clave para el porte

 Cada persona reacciona distinto frente a situaciones de presión.


Para tener un arma legal no se necesitan muchos requisitos. Además del millón y algo de pesos que puede costar una pistola se necesita ser mayor de 18 años, un formulario que se adquiere en Indumil, una fotocopia de la cédula, el certificado del DAS, un exámen médico en el que se demuestre que la persona no tiene antecentes mentales que podrían llevarlo a cometer un delito y una declaración juramentada en la que explique por qué necesita tener un arma.

En caso de que no se apruebe el desarme total de los civiles, el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga considera que por lo menos se deberían endurecer estos requerimientos. También cree conveniente que los demás municipios del área metropolitana se unan a esta iniciativa.

Dos incidentes dolorosos le sirven para justificar la propuesta: La muerte de Harlinson Andrés Arango, de 10 años, en el barrio Antioquia. El 18 de abril, el pequeño apareció muerto con un disparo en la cabeza en la casa de un vecino. El incidente todavía no ha sido aclarado y del que se dice pudo ser un accidente, un homicidio o un suicidio.

El arma de la que salió el proyectil que le quitó la vida a Harlinson había sido comprada de forma legal.

El otro, de trascendencia mundial, fue el sucedido el 16 de abril en la Universidad de Virginia (Estados Unidos) donde el estudiante Cho Seung-hui dio muerte a 32 de sus compañeros y luego se suicidó.

"Nadie sabe cómo va a reaccionar con un arma. Es más, quién garantiza que si uno compra un arma para protegerse le sirva de algo, porque los delincuentes se la pueden quitar y lo pueden matar", explicó Zuluaga Gutiérrez.

La posición del subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Jorge Rodríguez, es más ponderada: "hay personas que portan el arma porque consideran que tienen algunos riesgos lo hacen necesario, pero hay que pensar que muchas personas no saben cómo van a reaccionar en algunas circunstancias y con un arma pueden ser peligrosos".

Ilegales las tienen legales
Una de las paradojas que se presenta con las armas legales es que a veces van a parar a manos de ilegales que utilizan nombres falsos para adquirirlas y luego cometer delitos.

Este es el caso de Francisco Javier Zuluaga Galindo (a. Gordolindo), ex jefe del bloque Calima de las Auc, quien en su versión libre ante la Fiscalía reconoció tener siete armas las cuales contaban con salvoconducto pero que fueron obtenidas con cédulas fraudulentas.

Este caso, según el coronel Rodríguez, demuestra la importancia de los controles que se están realizando en la actualidad en la ciudad y que en lo que va corrido del año han permitido incautar un promedio de cuatro armas diarias.

Es más, de las 611 que se incautaron hasta el 20 de abril, unas 200 eran legales. Sus propietarios, explicó el coronel Rodríguez, habrían infringido normas como llevarlas cuando se desplazan en moto o portarlas en lugares donde hay gran aglomeración de gente (a veces se ponen restricciones de este tipo en el estadio).

Un oficial de la IV Brigada, quien pidió la reserva de su nombre, indicó que estos hechos son circunstanciales y que muchas personas de bien requieren un arma para garantizar su protección.

"Es cierto que los índices de seguridad han mejorado en el país, pero todavía se siguen presentando problemas. No podemos negarle a una persona de bien el legítimo derecho a la defensa", explicó el oficial.

Crece el mercado negro
Para el coronel Rodríguez, al analizar el aumento de las armas incautadas se tiene que mirar desde dos perspectivas.

El primer factor tiene que ver con el incremento de la presencia de la Policía mediante retenes móviles y CAI (Centro de Atención Inmediata) dentro de la ciudad, lo que permite detectar más fácilmente estas actividades. "Cada arma ilegal que incautamos es un delito que estamos previniendo".

El segundo factor está relacionado con el aumento de armas provenientes del mercado negro. Algunas de las cuales ingresan por la región de Urabá. "Por ahí entra el 70 por ciento de las armas del país".

Las armas (convencionales) más usadas para cometer ilícitos en Medellín son el revólver y la pistola. El primero, en el mercado negro puede costar 300.000 pesos. La segunda puede alcanzar un millón y medio. Todo depende de su estado.

También están algunas armas que fueron utilizadas en su momento por combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que no fueron entregadas en su desmovilización. Alguas de ellas han ido a parar a bandas de delincuencia común.

A esto se suman las armas hechizas. Según el oficial no se necesita una gran infraestructura ni sumas astronómicas para tener una fábrica. Es más, la Policía Metropolitana ha detectado algunas móviles, una de ellas fue desmantelada en un hotel del centro de Medellín.

"Se necesita un tubo metálico, un resorte, un clavo para que haga de percutor y una bala de escopeta. Esos son los materiales y un torno para hacer la rosca", dijo el coronel Rodríguez.

Cambio de mentalidad
Pero los esfuezos de las autoridades son inútiles si no van acompañados de una reglamentación más estricta y de un cambio de mentalidad entre la comunidad, indicó el concejal Gutiérrez Zuluaga.

El coronel Rodríguez admitió que aunque son muchas las personas capturadas por porte ilegal de armas, estas son puestas en libertad porque el Código Penal lo considera como un delito excarcelable (la pena es inferior a los cuatro años de prisión).

El otro punto tiene que ver con las acciones pedagógicas que adelanta la Alcaldía de Medellín y que se respaldan en las acciones de las Naciones Unidas que buscan restringir en todo el mundo el uso de armas cortas.

Para esto se firmó el convenio 41018 con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

La Secretaría de Gobierno de Medellín y el Área Metropolitana dieron su aval para que el proyecto del plan de desarme sea aprobado por el Concejo como una política pública.

Ambos despachos enviaron comunicaciones a la corporación en la que plantean la importancia de la parte pedagógica que implique un cambio en la concepción que tienen los jóvenes de la ciudad pues han crecido convencidos de que quien tiene un arma tiene el poder.

El secretario de Hacienda de Medellín, Horacio Vélez de Bedout, también dio el visto bueno a la iniciativa y señaló que para 2007 se aprobaron 160 millones de pesos para los programas de desarme.

Recordó que para apoyar las acciones pedagógicas, entre 2004 y 2006 se han ejecutado proyectos por 805 millones de pesos, de los cuales la Alcaldía aportó 434 millones de pesos.

La Secretaría de Cultura Ciudadana también ha venido impulsando los proyectos que tienen que ver con el respeto de las autoridades legítima y el establecimiento de normas de convivencia básicas entre las comunidades. Para lo cual se estableció un Manual de Convivencia Ciudana.

Sin embargo, la utopía de una ciudad sin armas sigue siendo eso, aun cuando se apruebe el acuerdo del Concejo. Los parámetros legales del orden nacional todavía permiten la autorización de porte de armas por lo que la decisión de portar un arma es personal. La última pregunta que surge ¿Qué tan responsable es usted como para portar una?

La opinión
Coronel Jorge Rodríguez, “Los controles se han intensificado en la ciudad y por eso se han podido detectar un gran número de armas ilegales. Eso nos hace pensar que el mercado negro está creciendo en Medellín”.

Federico Gutiérrez Zuluaga, “Se necesitan campañas para que los muchachos aprendan que con un arma  no son los más poderosos del barrio. Con los padres, para que vigilen las armas que tienen en sus casas”. 




Ayuda al lector

Que la potestad la tengan los alcaldes
El año pasado los alcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, y Pereira, Juan Manuel Arango Vélez, lanzaron una iniciativa nacional por el plan desarme tendiente a que las autoridades locales sean quienes tengan la potestad de restringir el porte de armas a civiles. Esto porque de acuerdo con las normas vigentes es el Ejército la institución encargada de determinar en qué zonas del país y bajo qué circunstancias se realiza la prohibición.

La meta de ambos mandatarios que cuentan con el apoyo de las administraciones de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales, es recolectar 1.5 millones de firmas para que el Congreso pueda radicar un proyecto en tal sentido.

El año pasado se realizó la primera jornada de recolección masiva de firmas en las que 250.000 personas apoyaron la propuesta.


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