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El servicio de hospitalización venezolana padece desabastecimiento, una larga enfermedad surgida por falta de recursos e insumos básicos que amenaza la intervención de unos 350.000 venezolanos que están en lista de espera.
Desde la semana pasada las clínicas costosas y reputadas de Caracas no pueden hacer pruebas hematológicas, no tienen tubos para recolectar las muestras de sangre, por ejemplo.
Incluso la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela denunció la falta de anestesia inhalada en todos los centros sanitarios, tanto privados como públicos.
"Hemos llegado al extremo de que por falta de anestésicos inhalados se suspendieron un número importante de cirugías planificadas en la mayoría de las clínicas de Caracas y algunas del interior", dice el presidente de dicha Asociación, Carlos Rosales.
En declaraciones hechas al diario El Universal de Caracas, Rosales dijo que se restringió la actividad quirúrgica por la falta de insumos.
Nerio Bracho, presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, cifró en un 90 por ciento el déficit de anestésicos inhalados en los centros sanitarios del país.
Como ocurre con otros sectores, el Estado le regatea las divisas y autorizaciones de importación. Gasas y suturas, pañales desechables para adultos y bombas para las máquinas dispensadoras de medicamentos intravenosos, catéteres y radiofármacos; desde lo más elemental a lo más especializado, el rango de lo que falta es muy amplio.
El inventario regular de un hospital incluye alrededor de 45.000 artículos médicos; hoy escasean 35.000 de ellos. Los distribuidores de equipos sanitarios ya no cuentan con el crédito de los proveedores de otros países.
Los representantes de los establecimientos privados sostienen que la declaración oficial de un estado de emergencia permitiría agilizar los trámites de desembolso de divisas e importación.
En otro centro, no hay reactivos para las pruebas serológicas. Las provisiones de anestésicos para inhalar escasean y se reservan solo para intervenciones quirúrgicas con carácter de urgencia. En algunos establecimientos los servicios ambulatorios y los quirófanos han cerrado.
Los representantes gremiales pidieron al Gobierno de Nicolás Maduro declarar una emergencia humanitaria en el país ante esta escasez.
Este cuadro actual pone en peligro a pacientes crónicos de enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Una veintena de especialidades están siendo afectadas, entre ellas ortopedia, pediatría, neurocirugía y gineco-obstreticia. La respuesta del Gobierno fue negativa. Una de las voceras que expresó este rechazo fue la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, una exdiputada del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En general, el régimen chavista percibe al gremio médico como un adversario de la revolución y al sector privado, al que cíclicamente amenaza con la expropiación, como una mera manifestación de usura.