viernes
7 y 9
7 y 9
Entre 1998 y 2001 San Francisco —municipio del oriente antioqueño, fijado en el pico de una montaña— pasó de 14.000 habitantes a 2.800. Los enfrentamientos entre el Ejército, las Autodefensas y las guerrillas del Eln y las Farc desencadenaron temor y amenazas. Muchos se fueron, pero no para siempre. El retorno comenzó y con ese fenómeno —lo inverso del desplazamiento y con signos parecidos—, el reto para la administración municipal.
Por las carreteras polvorientas del oriente aún siguen casas abandonadas, con el techo caído, la maleza que se mete por los recodos, la naturaleza que vuelve y toma lo que es suyo. Pero hay otras fincas que han ido recuperando el verdor, la música entre las paredes, los cultivos uniformados en las hectáreas.
La vía La Piñuela-San Francisco, esos trece kilómetros en los que en un solo viaje se podían encontrar retenes del Ejército, las Auc, el Eln y las Farc —entonces destapada y después una ruta de soledad— la han recuperado sus pobladores en los últimos años, ya sin miedo.
Marcela Gallego Carmona es la coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de San Francisco, ha vivido la mayor parte de su vida en el municipio y recuerda muy bien que estando en el bachillerato —terminaban los años ochenta— hombres del frente Carlos Alirio Buitrago del Eln llegaban hasta el colegio municipal, pedían permiso al rector y hacían parada militar en el patio de la escuela, después, los alumnos formaban y recibían "cátedra revolucionaria".
Las cosas hoy, después de la guerra entre paramilitares y guerrilla, han cambiado. "Tenemos 205 familias retornadas entre 2011 y 2013, son más o menos 1.000 personas —dice—. La situación ha sido tal que solo este año hemos recibido 16 familias. Grupos de cuatro o cinco personas".
Las últimas cifras del Sisbén señalan que este año han llegado al municipio 126 personas. San Francisco, según datos de la Alcaldía, tiene 6.300 habitantes —después de los 2.500 que quedaron con el desplazamiento masivo— aunque las estadísticas que tienen contemplan que en el último año ya pueden sumar 7.000 personas.
La secretaria de Gobierno del municipio, Liliana Ciro Duque, cuenta que la mayoría de los retornados han tenido que quedarse en la cabecera municipal debido a las condiciones en las que se encuentran sus fincas, a las que el monte y el tiempo las acabó.
"La mayoría de la gente es de zonas rurales, pero están en la zona urbana, no porque no estén dadas las cosas, sino porque eso allá está vuelto nada —comenta—. Tendría el municipio que darles mejoramiento, mejor dicho, vivienda, porque esa es la reparación integral, pero para eso necesitamos apoyo de más entidades".
Luis Emigdio Escobar, alcalde de San Francisco, cree que el retorno tiene dos caras: "La buena: la gente vuelve y pueden recuperar sus parcelas y la producción agropecuaria florece como antes, pero está la contraparte porque no hay apoyo del Estado".
Antes de que el desplazamiento creciera, San Pacho —como le dicen todos—, era un municipio cafetero, de eso solo queda la pasilla. Empezaron hace unos meses, entre la administración municipal y los retornados, un proyecto de cacao que despunta, se ve en las afueras de las fincas que están al lado de la carretera, pequeñas cantidades del grano que se seca sobre costales y bolsas.
Además de que las fincas están caídas, muchos retornados no han regresado a sus fincas porque no se han desminado. Aunque Daniel Ávila Camacho, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), dijo que después del desminado de San Carlos los esfuerzos se iban a concentrar en San Francisco, la tarea no ha terminado.
En enero la Secretaría de Gobierno pidió al Paicma la certificación como municipio sin sospecha de minas: "Nos llegó la noticia de que van a mirar que a esas veredas se les haya hecho un proceso, que sí están libres de sospecha de minas para poder certificar. Hasta que no tengamos eso no podemos apoyar retornos, aunque la gente se va por su propia cuenta", dice Liliana Ciro Duque.
San Francisco es un municipio con un corregimiento y 45 veredas y dicen algunos campesinos que en 25 de ellas ya se han hecho monitoreos, aunque en zonas específicas, zonas que han señalado ellos mismos.
Pero la tierra llama, y algunos labriegos han hecho caso omiso a las recomendaciones. Entre ellos está Nicolás, un hombre de pequeña estatura, ojos azul encendido, nariz pronunciada y frente amplia, tímido, lento en el andar y el hablar. Siete veces lo desplazaron de su finca en la vereda el Boquerón, siete veces volvió.
Recuerda que primero tuvo problemas con guerrilleros del Eln, porque le quitaron el suministro de agua. "Desviaron la manguera para ellos tomar y darles a las bestias, y ese fue el problemita, entonces yo me les enfrenté". Los hicieron ir y a los cuatro meses volvió, cansado de aguantar penurias en el pueblo y después en Cocorná.
Después llegaron los paramilitares que lo señalaron de colaborador del Eln. "Y como iba a ser —se lamenta sereno— si antes tuve problemas con esos berriondos". Se fue y hace poco volvió, espera que esta sea la definitiva.
A Jairo Enrique, que también lo amenazaron por parte y parte, porque tenía un trabajador guerrillero y la mujer que le colaboraba en la cocina era informante de las Auc. En un retorno, cogiendo travesía, sintió que voló por los aires, y un humero, dice que dos metros atrás había pisado una mina, pero no le pasó nada. No ha podido llegar a su finca, está en una parcela que le otorgó el Municipio.
Por ahora, 80 familias están listas para retornar, se encuentran en Rionegro, San Luis, Medellín, Bogotá y Cartagena. Solo esperan una cosa: condiciones.