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Como si se tratara de una gran paradoja, mientras el alcalde Gustavo Petro y sus allegados celebran la vuelta al Palacio Liévano, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les cobró caro la modificación del sistema de basuras que originó el lío de la destitución y que ahora deberá dar marcha atrás.
Así lo dio a conocer, el superintendente de Industria y Comercio ad hoc, Luis Guillermo Vélez, quien sancionó tres empresas y a diez funcionarios y exfuncionarios de la administración distrital, al encontrar una violación a la libre competencia en el nuevo esquema de basuras de Bogotá, implementado el 18 de diciembre de 2012.
Como si fuera poco, el ente de control ordenó, además, cesar el actual esquema en un plazo máximo de seis meses.
Las empresas sancionadas
Las empresas sancionadas y multadas por la entidad son: la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), que tendrá que pagar una multa de 61.600 millones de pesos; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que desembolsará 17.864 millones de pesos; y Aguas de Bogotá que le correspondió una multa por 2.217 millones de pesos.
Los funcionarios
Petro es el primero en la lista negra de la SIC. Tendrá que pagar 410 millones de pesos de multa. "Fue el principal artífice de la participación que tuvo la EAB en la implementación del nuevo esquema, desde su génesis hasta su materialización real", sostuvo Vélez.
La exalcaldesa encargada y miembro principal de la junta directiva de la EAB, María Mercedes Maldonado, tendrá que pagar una multa de 65 millones de pesos.
El mismo monto aplica también para los exdirectores de la UAESP, Henry Romero Trujillo y Nelly Mogollón; al hoy gerente de la EAB, Alberto José Merlano; y a los exgerentes de Aguas de Bogotá, Ricardo Agudelo y Mario Álvarez; el exgerente general de la EAB, Diego Fernando Bravo; al exmiembro de la junta directiva de la EAB José Orlando Rodríguez, y al hoy principal de la EAB Gerardo Ardila.
Sobre el cambio del modelo que deberá ejecutarse en la capital, la Superintendencia dijo que tendrá que ser un régimen de competencia libre, o de competencia con áreas de servicio exclusivo, según determine el Distrito y que, en cualquier caso, deberá involucrar a los recicladores.