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Después de que en reiteradas ocasiones el Gobierno Nacional cerrara las puertas a un posible sometimiento de las bandas criminales (bacrim), el presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió una puerta para que se desmonten estas estructuras criminales.
Las posibilidades estuvieron cerradas al ser consideradas las bacrim como delincuencia común, pero si los que se entregan cumplen con ciertas condiciones "el Gobierno estaría dispuesto a facilitar el sometimiento a la justicia", sostuvo Santos.
Monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, declaró que el martes de la semana anterior, luego de un consejo de seguridad en Tierralta (Córdoba), se reunió con el presidente Santos y con el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera y estos les manifestaron "que si en verdad persisten en entregarse, en entregar armas, en entregar cultivos y rutas, el Gobierno los acogerá".
Aunque los cerca de 5.000 hombres que hacen parte de las bacrim conocen que por su entrega no recibirían ningún tipo de beneficio de ley, Vidal manifestó que aún bajo esas condiciones "los hermanos de las bacrim persisten en su deseo de dejar las armas".
Según Vidal, así lo reafirmaron en la última comunicación recibida por el prelado el 23 de junio.
¿Qué beneficios recibirían?
El jefe de la Unidad de Tribunal de la Fiscalía, Nicolás Cadavid, explicó que las bacrim jamás podrán ser consideradas como actores susceptibles de beneficios de tipo político porque en el fondo no son más que delincuentes comunes.
"Al hablar de bandas criminales, estamos hablando de hurtos, homicidios, terrorismo, secuestro, en fin... delincuencia común. El estatus de ellos es de banda criminal y sus acciones están enmarcadas en un número de conductas punibles que nada tienen que ver con la figura de la amnistía o del indulto", explicó Cadavid.
Según el fiscal, "el único beneficio que pueden recibir es aquel que otorga la denominada colaboración eficaz, o reducción por allanamiento a cargos que se hace en la imputación o en la audiencia preparatoria, excluyendo a los jefes, porque lo que se busca es que los de abajo denuncien a los de arriba y no al contrario".
Cadavid explicó que la eventual aplicación del principio de oportunidad se daría porque "van a colaborar con el desmantelamiento de bandas y entregas de organizaciones criminales o van a impedir que se cometan otros crímenes de otros actores o que servirán como testigos contra de personas en juicio".
Pese a este panorama, monseñor Vidal insistió en que los integrantes de las bandas criminales quieren someterse tanto así que "uno de los grupos expresó que si los tienen que extraditar por el bien de Colombia, bienvenida la extradición".
Un desmonte dudoso
El consultor en Seguridad Ciudadana, Diego Corrales, ve con cierto escepticismo el posible desmonte de estas estructuras criminales conformadas por "los Urabeños", "los Paisas", "los Rastrojos", entre otras.
Corrales aseguró que "mientras la estructura de las economías ilegales se mantenga, siempre va a haber alguien que lo va hacer, especialmente el narcotráfico. Por más que se capturen, se sometan o se den de baja, los ciclos de violencia fluyen, se reciclan y se regeneran".
Para Corrales, las bacrim lo que están buscando son "beneficios que son mejores que estar en la guerra", y aseguró que "los esfuerzos que se hagan por la paz van en búsqueda de bajar los niveles de violencia, más como una respuesta a los últimos problemas de seguridad que se han dado en este gobierno".
Datos entregados por el director de la Policía, general Óscar Naranjo, indican que actualmente existen en Colombia "los Rastrojos", "Águilas Negras", "los Urabeños", "los Paisas", "los Machos", "Erpac" y "Renacer", bacrim distribuidas en 17 departamentos y 152 municipios. Tienen un total aproximado de 5.000 integrantes, los mismos que monseñor Vidal asegura, estarían dispuestos a dejar las armas "para que cese este baño de sangre".