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El número de refugiados en Ecuador es ahora de 45.000, de los que el 98 por ciento son colombianos, explicó en Ginebra el portavoz del Acnur, Andrej Mahecic.
Esta nueva cifra es el resultado de un proyecto de registro realizado por iniciativa de las autoridades ecuatorianas con el apoyo del organismo humanitario y que, por las dificultades geográficas para acceder a la zona, requirió un año entero y una inversión de 2 millones de dólares.
Sin embargo, los expertos de la agencia de la ONU consideran que hay unas 100.000 personas adicionales en Ecuador "que necesitan protección internacional" y de las que "el 90 por ciento serían colombianos".
Beneficios
El empadronamiento fue realizado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y representantes del Acnur, y reveló que los refugiados viven en condiciones de extrema pobreza y en muchos casos sobreviven simplemente gracias a la ayuda de la población local.
"El hecho de que ahora cuenten con un documento de identidad que oficializa su situación de refugiados representa un cambio cuantitativo en sus vidas porque, entre otras cosas, ya no corren el riesgo de ser expulsados y enviados de regreso a Colombia si no lo desean", precisó.
Con este reconocimiento de su situación, los niños refugiados podrán ir a la escuela y las familias tener algún tipo de acceso a los servicios de salud.
Incertidumbre
A ese respecto, los responsables del registro no encontraron refugiados deseosos de recibir ayuda para retornar a Colombia, de donde huyeron a causa del conflicto armado.
El portavoz confesó que todavía no está claro cuál será la próxima etapa en este proceso, luego de haberse identificado y cuantificado oficialmente a los 26.000 nuevos refugiados.
Aseguró que, en cualquier caso, esta información es muy importante para el Gobierno ecuatoriano en la medida en que "aporta una fotografía de la situación, de las necesidades concretas de esa población refugiada y constituye una buen herramienta de planificación".
El Acnur calcula que unos 500.000 colombianos están repartidos entre Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, aunque por el momento no hay planes de realizar en estos tres últimos países un registro de desplazados similar al realizado en el caso ecuatoriano.