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El proyecto de reforma al sistema de salud que presentó el Gobierno de Juan Manuel Santos al Congreso apenas está en fase de socialización y desde ya se escuchan candentes opiniones que anticipan que su tránsito no será para nada apacible en la célula legislativa.
"La presentación del proyecto comenzó con una tremenda falsedad, que para mayor bochorno tuvo como protagonista al mismo presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se van a acabar, lo cual no es cierto".
La afirmación es de Jorge Enrique Robledo Castillo, senador del Polo Democrático Alternativo, quien afirma que las EPS no se van a acabar. Simplemente cambiarán de nombre "y seguirán cumpliendo ese papel de intermediarios financieros que algunos tanto hemos repudiado".
En concepto del legislador, "la reforma es de lo peor que se ha intentado desde la promulgación de la Ley 100". Una de sus mayores críticas es que se podría volver a un Plan Obligatorio de Salud (POS) restrictivo, que se complementará con mecanismos para que los ciudadanos no puedan usar las tutelas.
Robledo Castillo califica como un tema menor la creación de Salud Mía, el fondo que concentraría los recursos del sector salud. "Es que -dice- la almendra de la reforma es que se mantiene el negocio financiero para las EPS, ahora convertidas en gestoras de salud. Hasta los médicos les están subiendo de tono a sus críticas, a medida que se va conociendo la realidad de la reforma que impulsa el Gobierno".
Para el exrepresentante a la Cámara, Germán Reyes Forero, la creación de Salud Mía es un buen paso, siempre y cuando tenga un manejo descentralizado. Lo curioso, anota, es que cuando ejercía como congresista, en 2007, propuso la estructuración de ese fondo, pero entonces le dijeron que no era posible, "me calificaron de loco y archivaron la iniciativa".
Como presidente del capítulo antioqueño de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), Reyes Forero considera que ese fondo le quitará poder a los intermediarios financieros del sector salud, puede ser más ágil para los pagos y hasta financieramente mejor para el fisco nacional.
Para el líder sindical, un punto particularmente polémico es la transformación de las EPS, que una vez aprobado el proyecto ya no recaudarían dineros de la salud ni harían pagos por la prestación de los diversos servicios. Su papel, indica, sería de vigilancia y control de las redes de prestación de servicios, una función que, al decir de Reyes Forero, podría convertirse en una fuente de conflicto con los prestadores de servicios.
La base de su pronóstico es que las EPS -ya convertidas en gestores- harían una contención del gasto, negando servicios y procurando que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se gaste adecuadamente. Pero, más allá de las eventuales fricciones que en este frente se puedan presentar, el presidente de Asmedas resalta que tanto desde el punto de vista técnico como político, los gestores sobran.
"Quitemos eso de la reforma y aprovechemos para darles esas funciones a las secretarías de salud, algunas de las cuales ya han hecho un buen aprendizaje de esa labor auditoria a través del régimen subsidiado de salud. El gestor de la reforma del Gobierno sobra y claramente no me gusta".
Reyes Forero es consciente de que en el sistema de salud se requieren entidades que gerencien, que administren, pero a renglón seguido afirma que eso se puede hacer con entidades sin ánimo de lucro, para lo cual recomienda dirigir la mirada hacia las secretarías de salud.
Al preguntarle si, en su concepto, la elaboración de una lista negativa de servicios y procedimientos que no estarían cubiertos por el sistema de salud acabaría con la tutelitis, el presidente de Asmedas precisó que, curiosamente, la mayoría de las tutelas se han puesto para asuntos contemplados en el POS, a los que no se accede simplemente porque las EPS juegan el papel de contenedoras del gasto.
El excongresista advierte que en su momento la elaboración de esas listas negativas debe estar a cargo de la comunidad científica y no el Ministerio de Salud o el Ministerio de Hacienda.
Sí, pero...
"La reforma del sistema de salud tiene un buen texto. Ya se definió el qué, pero el cómo no quedó plasmado".
La observación es de Luis Guillermo Vélez Atehortúa, presidente de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Salud Total. Esta es una organización con 1 millón 940.000 usuarios, con presencia en 18 ciudades colombianas -desde Riohacha hasta Neiva; factura al año más de 1,1 billones de pesos, de los cuales le quedan como utilidad neta 9.000 millones de pesos; y va de salida del régimen subsidiado, que no le es rentable.
Para Vélez Atehortúa, el Gobierno se equivocó al anunciar que acabaría con las EPS, cuando en realidad lo que está haciendo es un proceso de transformación que, a su juicio, es bueno, y en el que las dejan con más funciones.
La lista de puntos negativos de la reforma la encabeza con la creación de Salud Mía, "un fondo muy poderoso que manejará cerca de 27 billones de pesos. La historia nos ha demostrado que la concentración de tanto poder no tiene un buen final".
Además del riesgo de verlo convertido en un fortín político, la mayor duda estriba en la robusta plataforma informática que demandará Salud Mía. Salud Total tramita, en un solo día, más de 1.600 novedades y la ficha de ingreso de un afiliado es como un "censo", que lo vincula con el programa de riesgos. ¿El Gobierno tendrá esa capacidad en línea?
A Vélez Atehortúa no le produce tranquilidad que se hable de la entrega del servicio de salud a los entes territoriales. Eso ya se hizo en el pasado, acota, y los resultados no fueron exitosos. Si de todas maneras se hiciera, eso demandaría una Superintendencia de Salud robusta, fuerte en el monitoreo del cumplimiento de los indicadores y con una capacidad sancionatoria que no ponga en peligro la prestación del servicio de salud a los ciudadanos.
El presidente de Salud Total considera que la reforma genera incertidumbre, pero también entiende que los actores del sistema deben ser flexibles para ajustarse al necesario cambio de modelo.