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Un debate jurídico se abre paso en el país por las implicaciones del Marco Legal para la Paz y las futuras leyes con las que el Gobierno pretende convencer a las Farc de abandonar la lucha armada y reintegrarse a la vida civil con garantías judiciales y políticas.
El jurista Humberto Sierra Porto , juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que el reto de la justicia colombiana, de cara al proceso de paz con la guerrilla, es mantener un equilibrio entre los beneficios legales y políticos a los guerrilleros, si se da su desmovilización, y la necesaria dosis de justicia por crímenes durante el conflicto.
Como jurista y juez de la CIDH, ¿qué opina del debate sobre el Marco Legal para la Paz?
“Es el gran tema de discusión que se inicia, cómo lograr compatibilidad entre la necesidad de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto, por el derecho constitucional a la paz y, al mismo tiempo, garantizar niveles de justicia adecuada por los hechos del conflicto, los derechos de víctimas y que no haya impunidad. Lograr ese equilibrio es un reto, sacar adelante el proceso de paz sin desconocer las normas del Derecho Internacional que prohibe amnistías o indultos”.
También se discute si ese marco jurídico va en contra del Tratado de Roma al cual está suscrito Colombia...
“No está claro en que consiste el acuerdo de paz. Para un análisis hay que esperar que se concreten las leyes y mecanismos jurídicos para su implementación. Lo que nos corresponde como colombianos es desear el mejor de los éxitos a esta iniciativa de paz para intentar que se resuelva el conflicto interno”.
¿Hay tensión entre ese derecho a la paz y la justicia que reclaman las víctimas?
“Colombia tiene compromisos internacionales por tratados y leyes que obligan a perseguir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de Derechos Humanos. La idea es que se cumpla con estas obligaciones. Por eso, en muchas ocasiones, se recuerda que si hay inactividad de la justicia o decisión deliberada de no investigar si habría posibilidad de una intervención de organismos como la Corte Penal Internacional. Por eso insisto en que Colombia debe buscar el equilibrio entre la búsqueda de la paz y la justicia”.
En Colombia se habla de la posibilidad de demandas en cortes internacionales si no hay castigo, ¿usted ve eso probable?
“No se si se puedan presentar, cada caso es particular, al igual que se ha dicho con la Ley de Justicia y Paz. Pero nos sirve de ejemplo de lo complejo del tema que solo después de 10 años de creación de la Corte Penal Internacional se produjo la primera sentencia. La investigación es lenta y los delitos de tanta complejidad implican que los procesos no sean tan rápidos como todos desean”.
¿Cómo ve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la capacidad de Colombia para cumplir estas obligaciones?
“El Derecho Internacional es un instrumento de complementación, de enriquecimiento del Derecho, en ningún momento de reconocimiento de incapacidad de Colombia para resolver sus conflictos con su sistema de administración de justicia. En el exterior se reconoce el alto nivel de desarrollo de nuestro sistema judicial, la calidad de los jueces, a pesar de que existe un déficit en materia de protección de derechos de la población y muchas vulneraciones a los derechos humanos”.
¿Qué recomendaciones se han hecho a la justicia colombiana para superar estas falencias?
“La Fiscalía promociona algo interesante, la unidad de contexto y busca que los fiscales no se limiten a acusaciones individuales, sino a análisis para identificar las conductas que se deben intervenir, más allá de la responsabilidad penal. Es un propósito de los procesos penales que no se reproduzcan las condiciones fácticas que ocasionaron la vulneración del derecho, que esas condiciones no se repitan. El objetivo es proponer medidas como justicia restaurativa, de protección y políticas públicas para la defensa de derechos”.