Aun mes de comenzar un nuevo periodo del Legislativo, el proyecto de reforma a la justicia enfrenta su momento más crítico. Las altas cortes están renuentes a volver al debate y algunos sectores parlamentarios, con la U a la cabeza, advierten que no la votarían porque el Gobierno no ha garantizado su financiación.
A la decisión casi definitiva de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de marginarse del tema, se le suma un Gobierno controvirtiendo posiciones frente a la reforma; el reciente pronunciamiento crítico del Ejecutivo sobre el fallo del caso de la toma del Palacio y un Congreso muy distante, hasta ahora, para acercar al Gobierno y a las Cortes.
Édgar Sarmiento Delgadillo , coordinador del Comité de Estudios Políticos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, indica que en este momento no hay un ambiente propicio para la Reforma porque aún se generan muchas inquietudes respecto a las pretensiones del Gobierno.
A su juicio, se incluyeron puntos que son materia del Legislativo y que nada tienen que ver con la justicia, como es el caso de la pérdida de investidura de los congresistas y sus procesos.
Germán Varón Cotrino , codirector de Cambio Radical y ponente de la iniciativa en el Congreso, destaca que aunque la reforma es polémica "hay que sacarla" y afirma que "cuando un proyecto es tan complejo siempre suscitará inquietudes, pero no por ello debe dejar de estudiarse".
Sarmiento Delgadillo califica como un agravante en la discusión el hecho de que en los primeros debates se hizo una conciliación que incluyó puntos que no estaban en ninguno de los proyectos iniciales, "entonces la incertidumbre está en qué le van a aumentar o qué le van a quitar, no sabemos ante qué estamos". Detonantes de la crítica
El acto legislativo que se encuentra ad portas de la segunda vuelta salió aprobado casi en la última sesión del Congreso en diciembre pasado, en medio de la controversia con las Cortes.
Tras el paso de la Navidad y el comienzo del 2012, las posiciones se tornaron más tirantes, pese a que el Gobierno ofrece puertas abiertas al diálogo, pero las Cortes se sienten ofendidas por los desplantes.
Para Sarmiento Delgadillo, esta situación se propicia porque la reforma no establece un "balance de poderes", porque no se contaría con las Cortes, por ejemplo, para la elección de altos cargos del Estado, como el Procurador que sería elegido por una terna que conformaría solo el Presidente y ya no contará con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra , reconoce que hay distanciamientos que se han hecho más profundos en los últimos días, pero esto no significa que no se pueda hablar con los magistrados.
"Por el lado del Gobierno sigue habiendo la misma disposición de siempre, nos encanta que estas discusiones tengan lugar con la participación de todos los protagonistas, nos encantan los mecanismos democráticos", resaltó Esguerra durante la última reunión que tuvo con su colega del Interior, Germán Vargas Lleras y los nuevos presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
El Congreso
La suerte final se deberá dar en el Congreso de la República, en donde desde mediados de marzo se empezará la discusión en sus últimos cuatro debates, porque de no ser así, la iniciativa se hundirá.
Los presidentes del Senado y la Cámara, Juan Manuel Corzoy Simón Gaviria , respectivamente, han invitado a las Cortes a que vuelvan al debate. Corzo ha manifestado que en la primera vuelta se escuchó a los magistrados, y resaltó que se les acogieron varias de las propuestas.
Desde el partido del Presidente de la República, la U, se han levantado voces tan críticas al proyecto, que podrían acabar con el respaldo a la reforma.
Su presidente, el senador Juan Lozano , recordó que la U condicionó su apoyo en primera vuelta a que el Gobierno garantizara que el sector de la Justicia sí se podrá financiar en los próximos años y cumplir el objetivo de descongestionarse.
Para Lozano hoy no es claro el tema y señala que el Ministerio de Hacienda no ha dicho hasta dónde va el compromiso fiscal del Gobierno.
Varón agrega que su partido (Cambio Radical) no ha tomado posición, en la medida de que culminado el proceso legislativo, el texto depende de lo que "en Senado se empiece a estudiar y de las observaciones y modificaciones que el gobierno introduzca".