SIP denunció ante CIDH impunidad en asesinato de dos periodistas colombianos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informo este martes que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de dos periodistas colombianos asesinados cuyos procesos judiciales prescribieron este año.

La SIP, con sede en Miami, explicó que remitió el pasado viernes a la CIDH la denuncia formal para que no prescriban los casos de los periodistas Julio Chaparro y Jorge Torres, cuyos asesinatos hace veinte años no han podido ser esclarecidos por las autoridades.

Chaparro, de 29 años, y Torres, reportero gráfico de 39, fueron asesinados el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia, adonde habían sido enviados por el diario El Espectador de Bogotá para documentar las secuelas de una masacre perpetrada allí dos años antes y que dejó 43 muertos. 

Las investigaciones periodísticas, realizadas por la Unidad de Repuesta Rápida de la SIP en Colombia, fueron presentadas ante la CIDH con la intención de que el sistema interamericano presione al Estado colombiano a poner fin a la impunidad de estos crímenes.

Los homicidios prescribieron tras el plazo legal de 20 años. Una reciente reforma en Colombia, aunque no es retroactiva, elevó a 30 años el término de prescripción.

El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, expresó su confianza en que, con la mediación de la CIDH, se "logre un buen diálogo a fin de hacer justicia y se repare moralmente la figura de las víctimas, a sus familiares y colegas".

Ortiz, presidente del diario mexicano El Universal, agregó que la resolución de estos casos "sentaría un importante precedente para que ningún crimen quede impune en Colombia".

La SIP argumentó que en ambos casos fueron violados los artículos 4: Derecho a la vida; 5: Derecho a la integridad personal; 8: Garantías Judiciales; 13: Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y 25: Derecho a la protección judicial, todos contemplados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

La SIP también argumentó que fueron quebrantadas las garantías fundamentales a familiares y colegas de las víctimas, al serles negado el derecho a conocer la verdad y garantizarles justicia.