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*Enviados especiales Totibío Cauca
Desde una esquina del salón que sirvió como juzgado, un mensaje gritaba en letras azules a los más de 2.000 indígenas asistentes al juicio: que los que se fueron no están muertos. Que a Daniel Coicué y Manuel Tumiñá los callaron las balas pero su espíritu estará presente. “Siempre estarán en nuestros corazones por haber protegido a la comunidad y el territorio”, decía el letrero.
Debajo de la cartulina con letras dispares, siete guerrilleros agachaban la cabeza como a la espera de una redención. La poca luz filtrada por las ventanas atestadas de comuneros les iluminaba más la palidez producida por el susto a la sentencia que en minutos llegaría. —Parecen ángeles— alcanzó a decir una mujer indígena, pero recibió el repudio de la población que le recordó que esas siete personas, apenas unos días atrás, asesinaron dos integrantes de la guardia indígena por descolgar unas vallas alusivas a las Farc.
Entre los guerrilleros que esperaban la pena estaba Carlos Iván Silva Yatacué, alias “Fercho”. Cuando llegó el momento de hablar, antes de su sentencia, solo atinó a decir que él se acogía no a las normas de los indígenas, sino a la organización a la que le servía: las Farc. Los otros seis, entre ellos dos menores de 14 y 17 años de edad, se excusaron y descargaron su responsabilidad en el jefe.
“Las cosas se hicieron porque yo tenía autorización de los altos mandos. Nunca se pensó en hacer eso por el respeto que nos infunden a las comunidades (...) Yo prefiero responderle a mi organización, a la que pertenezco y no responderle a otra autoridad”, dijo “Fercho”, quien siguió erguido y desde su declaración no volvió asentir su cabeza.
Los testimonios de los implicados fueron escuchados uno a uno por la comunidad indígena que comenzó a llegar desde temprano a la vereda San Francisco, donde fue el juicio. Llegaron en camiones, buses y carros escaleras a reclamar justicia, y una vez más, respeto por su vida y por la autonomía en los territorios.
En medio del tumulto, un hombre con sombrero grande sobresalía entre la variedad con sombreros y pañoletas verdes y rojas de la guardia indígena. Era Rodrigo Yatacué, asesor jurídico del resguardo indígena de Toribío. “Será la misma comunidad la que decida y juzgue sobre los acontecimientos que han venido pasando en nuestro resguardo. A pesar de que son comuneros se dejaron llevar por otras ideologías y se salieron del camino”, dijo Yatacué.
Y así como lo precisó el asesor indígena, la comunidad se pronunció. La sentencia fue concertada al medio día. Todos votaron por la cárcel para los asesinos de los dos indígenas sepultados el sábado en los cementerios de la vereda San Francisco y de Toribío.
Una voz gangosa preguntó a la multitud indígena qué pena querían para alias “Fercho”, luego de señalarlo como el responsable de la muerte de los dos indígenas. “Cárcel”, gritó la muchedumbre. Minutos después, más de dos mil manos votaron por 60 años de cárcel para el guerrillero.
El procedimiento fue igual para los otros cuatro subversivos sindicados por la asamblea de instigar y permitir el asesinato de los nativos. Arsenio Vitonás, Robert Pequi, Emilio Ilyo y Freiman Dagua, escucharon la sentencia en silencio mientras sus familiares asistentes al juicio gritaban que no debería ser así. “Queda concertado 40 años de cárcel para estos autores por los delitos contra la guardia y porque dispararon de manera indiscriminada”.
El veredicto para los dos jóvenes subversivos fue más benévolo: 20 “fuetazos” (latigazos) y la reclusión en un centro de rehabilitación hasta que cumplan la mayoría de edad, momento en el cual se les hará una nueva asamblea para determinar la pena que se les impondrá.
“Los indígenas mayores irán a patio prestado, es decir, irán a un centro penitenciario del Estado pero serán custodiados por la guardia indígena”, precisó Rodrigo Yatacué.
Después de ser condenados, la guardia indígena trasladó a los culpables a otro sitio de reclusión para evitar el rescate de los guerrilleros; rescate que al parecer iban hacer el pasado sábado en la noche.
Por eso fueron trasladados al sitio del juicio en la madrugada de ayer tras comprobarse que siete hombres, en cinco motos, buscaban sacar de las prisiones a los subversivos capturados, expresó a este diario un integrante de la guardia indígena.
El homicidio y otros delitos cometidos en los territorios indígenas son actos que serán condenados por la justicia propia, basados en la autonomía que les brinda la Constitución. El juzgamiento y la condena a 100 años de cárcel para los guerrilleros responsables de la muerte de Tumiñá y Coicué no es un asunto nuevo.
Esta autonomía ya tiene sus antecedentes como lo ocurrido en el 2008 cuando un soldado se infiltró en la Minga indígena, en la hacienda Piendamó (Norte del Cauca), y fue capturado por la guardia. Rafael Zúñiga, asesor jurídico del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, expresó que esa vez se le aplicó como remedio al militar, 30 “fuetazos”, y agregó que si en algún momento un miembro de las Fuerzas Militares llegara a cometer un delito mayor, “será la justicia tradicional la que lo juzgue”.
Bajo la premisa de autonomía que defienden y reclaman las comunidades indígenas — piden que ningún grupo armado haga presencia en los territorios— las autoridades de los comuneros aseguran que este tipo de acciones las harán no solo con las fuerzas del Estado, sino con cualquier grupo armado que quiera “dañar el orden y la armonía en los territorios”.
Así fue como en el 2012, luego de un hostigamiento de las Farc a Toribío, en el que perdió una pierna una de las líderes por un tatuco lanzado desde la montaña, la comunidad indígena hizo una asamblea para castigar a los responsables del hecho.
También es recordado la polémica que se desató en el país en julio de 2012, tras la decisión de la guardia indígena de retirar un pelotón del Ejército del cerro Berlín, en Toribío. A empujones y cargados a la fuerza sacaron a los soldados, entre ellos al sargento Rodrigo García. El Cric aseguró que el Ejército hacia presencia en un territorio ancestral.
El año pasado, luego del asesinato del mayor indígena Benancio Taquinás, se encontraron dos responsables de ese crimen y la comunidad los condenó a 40 años de prisión y fueron recluidos en un centro penitenciario por el delito de homicidio.
Dice Zuñiga que en las cárceles de San Isidro en Popayán y de Silvia, Cauca, hay más de 90 condenados por la justicia tradicional por diferentes delitos entre los que se cuentan violencia sexual, hurto calificado y homicidio.
Para las comunidades indígenas del norte del Cauca —y otras regiones del país— la preocupación principal son las constantes agresiones de los distintos grupos armados.
Desplazamientos, amenazas y homicidios, son las constantes agresiones a las comunidades. En el norte de Cauca han asesinado a 307 personas en los territorios indígenas entre el 2011 y el 2014, según el Cric. El año pasado perdieron la vida 14 indígenas mientras que en el 2014 van ocho.
A los asesinatos se suma el reclutamiento de los menores de edad el cual se presenta con engaños, pues ofrecen pagos y prebendas, dicen las autoridades indígenas. Este año han registrado nueve situaciones de reclutamiento en distintas veredas de esta región.
En el último informe de Acnur quedó registrado que en Colombia el 2 por ciento de la población desplazada es indígena, “por eso la violencia y otros crímenes como el desplazamiento forzado y el confinamiento, amenazan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en este país”.
Las razones por las que se dan estas agresiones a los indígenas son explicadas por el consejero mayor del Cric, Edinson Moncué. Según el líder comunero, las riquezas que hay en los territorios ha llevado a las disputas.
“Hay una necesidad profunda de estos grupos armados, pues dentro de las comunidades hay muchas riquezas minerales. A pesar de estos siempre hemos estado en resistencia pacífica y por eso nos asesinan a los compañeros, porque hemos dicho que no estamos a favor de ningún grupo”, dijo Moncué.
Con cada fusil partido, la comunidad aplaudía en señal de que no quieren más guerra, solo territorios en paz y con sana convivencia.
“No queremos ningún tipo de armas en las comunidades. Por eso las destruiremos para el bien de todos”, precisó Moncué.
En otro sitio, pero no frente a la comunidad, la guardia indígena azotó los pies de los dos menores de edad, guerrilleros que participaron en la muerte de los dos indígenas. No hubo llanto ni gritos de dolor. Todo fue silencioso. Solo la tez pálida, la misma de antes de la sentencia, develó el castigó recibido.
—A ver si eso les sirve para que no se metan en líos—, salió replicando un guardia del salón mientras guardaba en su cinto el cuero del azote con el que dio los “fuetazos” para enderezarles el camino .