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En los primeros seis meses del año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), puso en cintura a empresas de diferentes sectores de la economía local que quisieron hacerle el quite a las normas de protección al consumidor, datos personales, metrología legal y control de precios.
Hasta el cierre de junio el balance arrojó, de acuerdo con el reporte de la entidad de control, 494 sanciones en primera instancia que traducen, en términos económicos, un total de $120.443 millones.
Las prácticas restrictivas de la competencia fueron las que brillaron por las inconsistencias en el primer semestre del año en curso y sumaron $89.036 millones, o sea 74% del total.
De acuerdo con el artículo 7 de la Decisión 608 de la Comunidad Andina se considera como restrictivas las conductas que fijen directa o indirectamente los precios, la restricción de la oferta y demanda de bienes e impedir el acceso de competidores al mercado.
Dicen expertos en la materia que la lupa de la Superindustria está sobre las prácticas restrictivas porque con ellas se afecta al mercado en general. Este tipo de conductas generarían consecuencias sobre todos los actores: consumidores, empresas y otros. Especialmente cuando los que las están ejerciendo son monopolios que logran generar mayor impacto en el comercio.
Explica Sergio Cabrera, abogado de Sergio Cabrera Abogados, que el ente ha fortalecido las campañas para erradicar dichas conductas, porque son aún más dañinas que la competencia desleal.
“Los consumidores son un factor clave para mover la economía del país y en ese sentido es importante que la SIC continúe en la labor de velar por sus intereses. Creo que se está obrando de conformidad con la ley”.
Los problemas de telecomunicaciones se ubicaron de segundos, pero con una distancia importante del ganador con $12.886 millones, 11%.