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La Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Luis Guillermo Vélez Cabrera, desestimó los argumentos que le expuso el Grupo CDO y se mantuvo firme en la orden que le dio desde el pasado 11 de julio de 2014 al liquidador de Lérida CDO para que proceda a la demolición de los 79 apartamentos del conjunto residencial Space.
“La Superintendencia se pronuncia a través de autos y el más reciente sobre ese tema es el que indica que se debe cumplir la orden de demolición”. Así lo afirmó a El Colombiano una fuente de la entidad gubernamental, que enfatizó, a su turno, que las determinaciones sobre Space se sustentaron en la orden que dio la Alcaldía de Medellín de implosionar las torres 1 a 4, basada en los estudios de los expertos de la Universidad de Los Andes.
La cautela con que la Supersociedades asume el tema se debe, según lo reconocen las mismas fuentes estatales, a las eventuales demandas que pueda presentar el grupo constructor CDO despúes de que los edificios de Space queden reducidos a escombros, este 23 de septiembre.
De hecho, así se ha interpretado el último cruce de cartas entre Álvaro Villegas Moreno, accionista y asesor de CDO, y Diego Restrepo Isaza, gerente del programa Vivienda Segura, de la Alcaldía de Medellín. El contrapunteo tuvo como destinatario común a la Supersociedades y gira alrededor de puntos como estos:
Repotenciación
Grupo CDO: “No conocemos un documento en que la Universidad de los Andes, que trabaja a través de un contrato para el Municipio de Medellín, haya dicho que estos edificios no son repotenciables”.
Alcaldía de Medellín: Replica que no es cierto que Lérida CDO no tuvo o no tiene acceso a los estudios de la U. de Los Andes, pues la empresa “se hizo parte del proceso policivo que terminó con la Resoluión 009 del 20 de enero de 2014, proferida por la Inspección de Policía Urbana de Primera Categoría”.
Grupo CDO: Un trabajo dirigido por Fredy Castañeda Muñoz, ingeniero y magíster de la U. de los Andes, “determinó que los edificios son recuperables a través de repotenciación” y su modelo matemático, “según se nos ha hecho conocer, fue avalado con sus resultados por la U. de los Andes”.
Alcaldía de Medellín: El informe de la U. de los Andes, con fecha 9 de junio, indica que la propuesta de rehabilitación de CDO que le fue presentada es de alta complejidad técnica, “no es viable desde el punto de vista técnico, ni puede acogerse la rehabilitación y reforzamiento de las etapas 1 a 4 del edificio Space en los términos propuestos”. CDO, a su turno, dice que esa evaluación se hizo sobre estudios preliminares.
Acuerdo con el Municipio
Grupo CDO: “... hace unos meses llegamos a un acuerdo con el Municipio, representado por dos altas funcionarias del gabinete municipal... para que de llegar a un arreglo con los representantes de los propietarios sobre la compra de sus apartamentos, luego se nos autorizaría repotenciarlos”.
Alcaldía de Medellín: “Eso totalmente falso” y para el efecto cita una carta que la vicealcaldesa, Claudia Restrepo Montoya, le envió a la representante legal de CDO S.A., María Cecilia Posada. Esa prueba se confronta con las “versiones de oídas del Dr. Álvaro Villegas Moreno, que no asistió a ninguna de las reuniones”.
Daño patrimonial
Grupo CDO: La demolición de Space es “una decisión que destruye un patrimonio en forma irreversible, colocándonos en difíciles condiciones para cumplir nuestra voluntad, ya que con la recuperación de los edificios se nos facilita la atención pecuniaria de los propietarios y demás perjudicados por la situación que hemos comentado”.
Alcaldía de Medellín: “Esa afirmación desconoce la realidad económica de los bienes que hacen parte de la Urbanización Space”. Según sus cuentas, el costo de reconstrucción de cada apartamento es de 150 millones de pesos, lo que arroja un total de 11.850 millones de pesos. Si a esto se suma el costo de la rehabilitación, se llegaría a los 21.000 millones de pesos como valor patrimonial, cifra que comercialmente sería difícil de alcanzar. Se estima que la pérdida de valor comercial solo se podría recuperar en 15 años. En cambio, realizada la demolición, el lote se podría vender, inyectando así dinero a Lérida CDO en liquidación.
Según el gobierno local, que preside Aníbal Gaviria Correa, “es evidente que ahora CDO quiere demostrar que las actuaciones responsables de la Alcaldía de Medellín y de sus órganos de policía generan un detrimento patrimonial, el cual, por el contrario, es generado exclusivamente en el incumplimiento de las normas de construcción vigentes en Colombia por el Grupo CDO, como ellos mismos lo han reconocido”.