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Si las familias afectadas por los problemas estructurales de 11 complejos habitacionales construidos por compañías del Grupo CDO rechazaran la repotenciación o rehabilitación de sus inmuebles y pidieran que les devolvieran su dinero, la organización creada por el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín,
Álvaro Villegas Moreno, tendría que comprometer allí del orden de 220.000 millones de pesos.
De ese calibre son las cuentas que hace la Superintendencia de Sociedades, el organismo estatal que el 27 de junio de 2014 embargó los bienes de cinco firmas del Grupo CDO, dentro de un proceso de reorganización empresarial que hoy es manejado por el abogado
Alonso Sanín Fonnegra. Ese día, también, la entidad acogió la solicitud de liquidación judicial de Lérida CDO que le presentaron los apoderados
Álvaro Isaza Upegui y
Álvaro Londoño Restrepo, y para cuyo manejo fue designado
Marco Tulio Zapata Giraldo.
Antes de la adopción de esas medidas oficiales, los dueños de las constructoras afectadas por el colapso de la torre 6 del edificio Space (12 de octubre de 2013) y la implosión de la torre 5 (27 de febrero de 2014), procedieron a una reorganización societaria.
En efecto, el 16 de enero de este año se inscribió en la Cámara de Comercio de Medellín un grupo empresarial que tiene como matriz a Calamar CDO y en calidad de subordinadas a Lérida, Inversiones Acuarela, Bepamar, Alsacia y Vifasa, todas acompañadas de la marca CDO.
De acuerdo con las cifras oficiales que traen los autos de intervención de la Supersociedades y la solicitud de liquidación de Lérida presentada por Isaza y Londoño, este grupo de empresas registraba unos activos totales de 157.978 millones de pesos, unas deudas o pasivos por 110.277 millones y un patrimonio de 47.703 millones de pesos.
A la luz de estos montos, se entiende la expresión de
Camilo Andrés Marín Acosta, quien a nombre del Grupo CDO negocia con varias de las familias afectadas por los problemas estructurales en inmuebles edificados y vendidos por esa organización: "la plata no es infinita". El reto es hacerla rendir y, una de las opciones que plantean sus representados, es la rehabilitación de los apartamentos.
Sin embargo, a eso no es lo que le apuestan, por ejemplo, las familias que residían en Asensi y Space y que para su defensa jurídica han acudido a
Javier Tamayo Jaramillo. Igual piensan 64 de los 74 dueños de inmuebles en Continental Towers, que, afirman, por ningún motivo quieren volver a vivir en bienes repotenciados y que reclamarán el pago de unos 22.400 millones de pesos, incluyendo perjuicios.
La red empresarial
Para proteger la empresa, el empleo y los intereses de víctimas como estas es que la Supersociedades mandó a reorganización empresarial al Grupo CDO, una determinación que, de ser necesario, podría ampliarse a un espectro más amplio de compañías en las cuales sus dueños tienen intereses económicos.
En un informe que el Supersociedades,
Luis Guillermo Vélez Cabrera, le remitió el pasado 28 de marzo de 2014 a su similar de la Superindustria y Comercio,
Pablo Felipe Robledo del Castillo, se lee que hay en marcha un seguimiento a las sociedades del Grupo CDO. El citado documento tiene esta advertencia de Vélez: "le informo que la información aportada, así como los datos suministrados, son de carácter confidencial y de absoluta reserva, por lo cual le solicito de la manera más cordial darle el trato respectivo".
Lo que allí se aprecia es que los intereses económicos del Grupo CDO van más allá de las cinco empresas intervenidas y de la que está en proceso de liquidación judicial.
Una fuente de la Supersociedades le confirmó a El Colombiano que a través de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control se están rastreando las siguientes 10 sociedades: Fundación Santa Cruz de la Sierra, Luengos S.A.S., Alybe & Cía S.C.A., Industrias Concretodo S.A.S., Urbanizadora Teruel S.A.S., CDO Inmobiliaria S.A., Surquesa Investments Inc., Mycra S.A.S., Inversiones Los 7 S.A.S., e Inversiones Cristalinas S.A.
De ser necesario, agregó la misma fuente oficial, se podrían decretar medidas para vincular a estas y otras firmas a los procesos de responsabilidad con sus acreedores. La potestad legal da hasta para el levantamiento del velo corporativo y la revocatoria de operaciones que estén dentro de lo que la ley llama "período de sospecha", o sea 18 meses para la venta de activos, 24 para daciones en pago y 6 para reformas societarias.
En comunicado de prensa del pasado viernes, 11 de julio, la Supersociedades afirmó que "como autoridad judicial hará cumplir la ley con el propósito de proteger el crédito y recuperar y conservar los activos del Grupo CDO frente a eventuales y presentes reclamaciones de los acreedores".
En desarrollo de esas funciones, el miércoles 16 de julio se realizará una asamblea informativa en la Alcaldía de Medellín, a la que se convoca a los acreedores del Grupo CDO. Allí se hará pedagogía sobre el significado y alcances de los procesos de reorganización empresarial y de la liquidación de Lérida CDO.