LAS DIFERENCIAS POLÍTICAS entre los dos países no han permitido buscar la solución a un problema que cada vez se agudiza más. El movimiento de irregulares ha crecido durante la última década y se les ha dado tanto campo de acción que ahora controlarlos es difícil.
Aunque el paso por la frontera fue reabierto con algunas restricciones, la situación de incertidumbre no se puede considerar como superada y se espera que sigan sucediendo hechos que mantendrán el ambiente caldeado del lado venezolano.
Las amenazas de grupos desconocidos contra comerciantes y más recientemente contra directivos de establecimientos de enseñanza indican que la situación sigue tensa. "Por eso el viernes anterior algunos centros educativos permanecieron cerrados", dijo desde la frontera un militar retirado.
Esto sucede precisamente después de la masacre de once personas, nueve de ellas colombianas, y el posteriormente asesinato de dos guardias nacionales, hechos que volvieron a prender las alarmas en la que se considera la frontera más caliente de Suramérica en la actualidad.
A pesar de que se han anunciado detenciones, no se han despejadom las dudas en la comunidad que habita en territorio venezolano respecto a quiénes son los verdaderos causantes de esta situación.
Se habla desde ajustes de cuentas entre bandas y hasta de planes de algunos funcionarios del Gobierno de Caracas para desviar la atención de los problemas internos que aquejan a Venezuela, como la inseguridad, la inflación o el racionamiento de agua y energía, los cuales con el paso de los días le hacen perder popularidad al presidente Hugo Chávez.
Alberto Maldonado, presidente de la Federación de Trabajadores de Táchira, no duda de que en la frontera hay presencia de toda clase de irregulares: paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y delincuencia común, que según él hacen lo que quieren sin que el Gobierno logre contenerlos, porque ya se le salieron de las manos.
El movimiento de irregulares ha crecido durante la última década y se les ha dado tanto campo de acción que ahora controlarlos es una tarea muy difícil, dijo el militar retirado.
En Táchira hay un gran mercado popular y así como hay comercio legal también se trafica toda clase de mercancías de manera ilegal con la complacencia de las fuerzas de seguridad venezolanas, según Maldonado, quien en diálogo telefónico con EL COLOMBIANO agregó que el secuestro, la extorsión y el homicidio son comunes en la frontera.
Maldonado sostuvo que mientras se presentan denuncias contra representantes de trabajadores y en algunos momentos los hostigan y hasta ponen en peligro su integridad, poco se hace realmente para combatir la ilegalidad.
También maneja la tesis de que parte de los policías y miembros de la Guardia Nacional que están en la frontera son convencidos por grupos ilegales de "ayudar a su causa" con el pago de cierta cantidad de dinero, ante los salarios tan malos que reciben, de mil o mil doscientos bolívares.
Estado de espaldas "Cuando el Estado no se ocupa de los problemas que hay y las instituciones no hacen nada para detener el crecimiento de la ilegalidad y la delincuencia, es poco lo que se puede lograr y muy difícil mantener los principios morales que pregona la sociedad", agregó el dirigente sindical.
Maldonado insistió en que no tiene ninguna relación con grupos políticos o con el gobierno de Táchira y que él es un representante de los trabajadores desde hace muchos años.
La diputada oficialista Iris Varela lo ha vinculado con hechos y grupos ilegales y él asegura que lo hace para golpear su imagen.
Un ex oficial del Ejército que vive en San Antonio dijo que en la frontera hay gran descontento y mucha tensión. "La gente ha dejado de trabajar normalmente y comienzan a tener problemas para suplir sus necesidades básicas", explicó.
El sociólogo Tulio Hernández recordó que mientras hace 20 años se derrumbó el Muro de Berlín, el Gobierno venezolano comienza a obstaculizar el flujo de ciudadanos y comercio en la frontera más activa que tiene el país.
Contexto
Centinelas para la frontera
Como parte de la solución ante la coyuntura, el gobierno del presidente Hugo Chávez anunció que desplazaría alrededor de 3.000 guardias nacionales para que vigilen la frontera e impidan el ingreso de drogas y el comercio ilegal de bienes.
La especialista en temas militares Rocío San Miguel dijo a la prensa local que aplaudía el hecho pero duda que sea un plan suficiente como sistema de defensa o para enfrentar el narcotráfico. Según San Miguel no hay una política de defensa y justicia y esta decisión se tomó como una respuesta a un suceso lamentable, que fueron las muertes en Táchira.
El canciller Nicolás Maduro explicó que además del desplazamiento de personal se van a aumentar las políticas de seguridad policial y de inteligencia para proteger al pueblo de la frontera, al cual él considera amenazado con la instalación de bases norteamericanas en territorio colombiano.
"Vamos a seguir fortaleciendo nuestra capacidad de organización, política y militar defensiva para garantizar que nuestro país sea inexpugnable", insistió.
Importante: Para comentar e interactuar con otros usuarios de elcolombiano.com usted debe estar registrado. Las opiniones expresadas a continuación son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de EL COLOMBIANO. En el momento, esta herramienta solo funciona con Internet Explorer 4.0 o superior.
Quienes sufren las consecuencias de unas decisiones políticas de los gobiernos son los ciudadanos de a pie, aquellos que trabajan y mercan en un lado y otro para subsistir dignamente.
