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Es inocente. Esas son las palabras que repiten todos los días los familiares y amigos del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado el 9 de junio a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas en durante la retoma del Palacio de Justicia.
Eso mismo es lo que quiere demostrar su abogado defensor Jaime Granados, en un escrito de apelación de 180 páginas radicado el pasado 21 de junio ante el Tribunal Superior de Distrito de Bogotá.
En é se presentan argumentos que desde lo jurídico y lo científico buscan dejar sin validez la sentencia expedida por la juez Martha Stella Jara, quien acudió a la figura del autor mediato para señalar la culpabilidad del oficial.
En lo jurídico la defensa se fundamenta en dos aspectos: la debilidad de las pruebas en contra de Plazas Vega y el hecho de que una persona no puede ser juzgada por un delito que no era imputable a la fecha en que presuntamente fue cometido (en este caso la desaparición forzada).
Para 1985 existía en Colombia el delito de secuestro simple y solo hasta 2000 se explidió la ley 589 que estableció el delito de desaparición forzada.
Por eso Granados aseguró que "la desaparición forzada (que nunca, jamás será igual al secuestro) no estaba elevada a la categoría de delito para el año de 1985, por lo tanto en un estado de Derecho -como lo es Colombia- jamás podrá ser condenado un ciudadano por este delito por hechos cometidos en el año de 1985".
De ahí que insista en normas internacionales a las que se acoge el país como el artículo 9 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En lo científico, Granados plantea la importancia que tendría practicarle pruebas de ADN a los 64 cuerpos sepultados en fosas comunes y los ocho cuerpos que hay en la morgue de la Universidad Nacional y hasta se pregunta: ¿si entre ellos se encuentran los 11 desaparecidos por los que se condenó a Plazas, quién le va a devolver los años de reclusión?.
Se hacen interpretaciones
Al hablar de las pruebas, el abogado defensor señala que las interpretaciones dadas a algunas grabaciones sostenidas entre los militares que participaron en la retoma, así como las declaraciones de algunos testigos pueden ser consideradas como prejuiciosas y en algunos casos hasta rayar en la "inventiva".
Pregunta por qué si su defendido se identificaba con el nombre clave de Azabache 6 no aparece en las conversaciones que se presentan como prueba de que algunos de los rescatados en el Palacio (entre ellos tres conductores) eran llevados a la Escuela de Caballería, como parte de un plan de tortura, ocultamiento y desaparición.
También tiene dudas en la interpretación que se hace de los testimonios, entre ellos el de Gustavo Peñalosa, un conductor de ambulancia quien declaró sobre el traslado de cuatro conductores de los magistrados que fueron llevados de la Casa del Florero a la Brigada de Institutos Militares, en Usaquén.
El hombre aseguró que oficial de rango coronel o teniente coronel, "que tenía un escudo con el apellido de él (Daza), en el pecho" fue el que dio la orden de su traslado. Para Granados, la juez Jara interpretó que el oficial del que hablaba era el coronel (r) Plazas.
Otra de las dudas planteadas por Granados está en la credibilidad de los testigos. Un ejemplo es el de Édgar Villamizar, que para la época tenía el grado de cabo primero del Ejército, y que narró que fue embarcado en un camión desde Villavicencio para apoyar la retoma. Según él, fue testigo de torturas y ahogamientos de algunos de los rescatados en la Escuela de Caballería.
Sin embargo, Gustavo López, otro suboficial, aseguró que, con el cabo Villamizar, vio por televisión las informaciones de la retoma y recordó que en noviembre de 1985 estaba convaleciente de paludismo en el Batallón Vargas, de Granada (Meta). Villamil era quien le llevaba la comida porque no se podía mover de la cama.
"Era la persona que para los primeros 15 días de mi convalecencia en noviembre de 1985, me llevaba personalmente los alimentos a mi habitación, en compañía del soldado del casino, lo tengo muy presente porque éramos muy amigos y él estaba atento de mi recuperación", afirmó López.
El caso de Carlos Rodríguez
Uno de los hechos importantes son las inconsistencias frente a la suerte de Carlos Rodríguez Vera (administrador de la cafetería), de quien se dijo salió con vida del Palacio y fue llevado a la Escuela de Caballería.
Su padre, Enrique Rodríguez, aseguró que lo pudo identificar en televisión (7 de noviembre) y recibió información de que su hijo fue llevado a la Escuela de Caballería donde fue torturado durante tres días por órdenes del coronel Plazas, quien luego lo asesinó.
"Lo mantenían colgado porque el coronel Plazas Vega así lo había ordenado, le quitaron las uñas lo quemaban con cigarrillo etc. (...) y tengo informes de que en esas torturas duró mi hijo tres días y al tercer día el propio criminal, ese mismo coronel lo asesinó y su cadáver fue sepultado en una parte hacia el norte de los cuarteles donde tenían el polígono", afirmó Enrique Rodríguez el 20 de febrero de 2006.
Su testimonio, destaca Granados, se fundamenta en la información que recibió de Ricardo Gámez Mazuera, quien no pertenecía al Ejército en la época de los hechos y cuya credibilidad fue descartada por la Procuraduría en 1990.
El testigo fue auxiliar bachiller de la Policía entre 1977 y 1979, institución de la que fue retirado por el delito de deserción. Es más, señala, el Ejército y el DAS certificaron que nunca perteneció a esas instituciones, por lo tanto no pudo ser testigo ni tener información de primera mano.
Las contradicciones
En la apelación, Granados asegura que, el único que asegura que vio salir con vida a Rodríguez Vera fue César Augusto Sánchez Cuestas, en ese entonces, asesor jurídico de la Alcaldía.
El abogado destaca que sus declaraciones no son consistentes. El 16 de enero de 1986 dijo que Claudia, la esposa de Rodríguez, fue la que le informó de su desaparición, cuando la encontró cerca a los garajes del Palacio de Justicia, pero el 19 de septiembre de 2007 aseguró que lo vio salir el segundo día de la toma (7 de noviembre) acompañado por personal militar.
Otro de los testigos es el soldado José Yesid Cardona, quien también se contradice en sus declaraciones: el 5 de diciembre de 1985 y el 10 de abril de 1986, dijo que ingresó al Palacio de Justicia pero no rescató personal de la cafetería; el 16 de octubre de 2007 escribió que sacó a algunas personas que fueron trasladadas al Cantón Norte y luego desaparecieron.
El 29 de noviembre del mismo año afirmó que rescató a 10 rehenes, entre ellos al administrador y a una empleada de la cafetería, y que los llevó a la Casa del Florero. Esto habría ocurrido el 6 de noviembre, día en el que consta en las actas del proceso, Cardona habría sido herido por los guerrilleros y trasladado al Hospital Militar.
Ante esta situación Granados se pregunta: ¿por qué será que en el presente proceso, los testigos van adicionando detalles de suma importancia a las declaraciones a medida que pasa el tiempo? ¿No debería ser al revés?".
Por último, Édgar Villamizar, dice que Rodríguez Vera, fue asesinado por el sargento Viceprimero Achurry (quien ya está muerto), el 7 de noviembre.