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El futuro de la medida que, desde noviembre de 2012, prohíbe transportar parrillero hombre en moto en el Valle de Aburrá, depende de lo que pase en Medellín, y aquí la decisión quedará en manos del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de esta capital declaró la nulidad del Decreto 1369 de la Alcaldía, del 19 de julio de 2013, por medio del cual se prorrogó el Decreto 1807 del 22 de noviembre de 2012, que estableció la restricción.
Esta decisión judicial se originó en la demanda que interpuso el abogado Nicolás Arango Vélez en 2013, quien se declara un defensor de los intereses de los motociclistas.
La Alcaldía impulsó la restricción con el argumento de tratar de mejorar la seguridad, pues muchos asesinatos y robos de vehículos se cometen desde motos con parrilleros.
Pero para Arango, "este tipo de medidas son desproporcionadas, porque el alcalde no intentó medidas menos lesivas para el sacrificio de derechos fundamentales, sino la más grave para este tipo de personas y no se ha reflejado en resultados contundentes ni reales".
"La medida afecta directamente a los ciudadanos y no a los delincuentes. Pero con cifras reales o irreales, lo cierto es que es inconstitucional porque restringe derechos de la población en general", explicó.
Cifras contra la medida
El jurista argumentó que la norma limita varios derechos fundamentales y, en su concepto, es ilegal, pues "se prorrogó y se convirtió casi en ley de la República. Cuando un alcalde restringe derechos, la medida debe ser temporal y no permanente. Las normas permanentes las define el Congreso". Anotó que en la ciudad la norma rige desde hace casi dos años.
Para mostrar que esta restricción es ineficaz, aseguró que, según un reporte de la Policía Metropolitana, de agosto de 2014, en enero de 2013 hubo 22 homicidios más en Medellín que en el mismo mes de 2012, cuando no regía la prohibición, y en febrero de 2013 se registraron 10 casos más que en el mismo mes del año anterior.
Reconoció que en abril y mayo de 2013 hubo 6 y 13 casos menos que en los mismos meses de 2012. Sin embargo, agregó que en noviembre y diciembre de 2013 se presentaron 57 y 44 asesinatos más, respectivamente, que en los mismos periodos de 2012, y en ambos lapsos estaba vigente la prohibición del parrillero.
En cuanto al hurto de motos, dijo que en noviembre de 2012 se presentaron 126 casos y el mismo mes de 2013, 406, en tanto que en diciembre de 2012 fueron 127, frente a 344 de 2013. "Las cifras son un sube y baja, entonces ¿cómo se puede demostrar que esta medida es idónea?", comentó.
Se cayó en Sabaneta
Arango recordó que, gracias a una demanda que también lideró él, la prohibición dejó de regir en Sabaneta.
En aquel caso, el Juzgado Décimo Administrativo de Medellín tumbó la medida en primera instancia, el Municipio apeló y el Tribunal confirmó el fallo. "Dijo que, independientemente de que las cifras de criminalidad hayan disminuido, esta medida es desproporcionada porque afecta los derechos de las personas sanas y no de los perturbadores del orden público. En Medellín debe pasar lo mismo", afirmó Arango.
La norma rige en el Aburrá gracias a decretos de los 10 municipios, por lo que el abogado anunció que él y el grupo de juristas que lo acompaña están dispuestos a demandar a los otros ocho municipios, aunque esperarán el desenlace de Medellín, que trazará la ruta de la región.
Apuntó que en Sabaneta, el Tribunal se demoró tres meses para resolver el recurso de apelación. Mientras tanto, la medida, que rige todos los días, de 8:00 de la mañana a 12:00 de la noche, sigue vigente en la capital paisa y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2014.
Según la Alcaldía de Sabaneta, desde hace dos meses y medio, cuando se produjo el fallo del Tribunal allí, los hurtos a personas han aumentado el 15 % y muchas denuncias relacionan los atracos con motociclistas con parrillero.
"Es innegable que hemos tenido dificultades después de esta decisión judicial", declaró a los medios Sebastián López, secretario de Gobierno de esta localidad.
Por su parte, Mauricio Flórez Giraldo, fundador de la Asociación No más Robo de Motos, dijo que su gremio esperaba este fallo en Medellín, "porque en Sabaneta logramos tumbarla y ante los mismos hechos, el mismo derecho".
El líder de los motociclistas sostuvo que, "sin importar si disminuyen o no los delitos de alto impacto, se viola la ley porque los gobernantes municipales no pueden modificar la ley de tránsito con un decreto. Le hicimos seguimiento a la medida en los primeros meses y todos los delitos de alto impacto aumentaron".
La Alcaldía apelará
Luis Fernando Suárez Vélez, vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Medellín, declaró ayer en la mañana que el Municipio apenas iba a recibir la notificación oficial del fallo, pero anunció que interpondrá el recurso de apelación al que tiene derecho.
"Somos absolutamente respetuosos de los fallos judiciales, pero tenemos argumentos para defender la medida", afirmó el funcionario.
Tras la notificación, el Municipio tiene tres días hábiles para apelar ante el Tribunal y, de no hacerlo, la sentencia quedaría en firme y se caería la medida.
Suárez detalló que, para empezar con la restricción, se analizó que cerca del 50 % de los hurtos de motos se generaba desde moto con parrillero.
"Siguen ocurriendo los hurtos, no lo podemos negar, por eso le pedimos a la Policía mayores medidas para controlar esta restricción, pero son muchas las motos en Medellín y el área metropolitana", añadió.
Suárez reportó que en 2014 la ciudad presenta una reducción de homicidios del 30 % en relación con el mismo periodo de 2013. Además, el hurto de motos ha bajado el 11 % y el de carros, el 17 %.
El vicealcalde subrayó que parte de la reducción en la comisión de estos delitos es por la norma del parrillero.
"La medida es benéfica y les da herramientas a la Policía y a la Secretaría de Movilidad para controlar el problema", comentó.
Carlos Alberto Marín Marín, subsecretario de Seguridad Vial, indicó que, mientras la medida esté vigente, los guardas de tránsito tienen la orden de hacerla cumplir. "Se siguen haciendo comparendos e inmovilizando las motos", anotó. La multa que deben pagar los infractores es de 308.000 pesos.
La norma tiene algunas excepciones: se pueden transportar como parrilleros los familiares del conductor en primero y segundo grado de consanguinidad (hijos y hermanos) que sean mayores de 10 años, edad fijada por el Código de Tránsito.
Adicionalmente, la norma no aplica en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, donde los índices de criminalidad son muy bajos, ni para empresas de seguridad privada ni para las de telecomunicaciones.
Apoyo para la Alcaldía
Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal del Partido Liberal, expresó que la restricción debe continuar.
"Para mí el juez está equivocado. Se debe apelar por varias razones. Las alcaldías tienen toda la potestad para regular la movilidad en las ciudades. Por eso se puede poner pico y placa y restringir el cargue y descargue y, por eso, los 10 alcaldes decidieron la medida de restricción del parrillero", afirmó.
Conceptuó que la norma es importante no solo por seguridad sino por salud pública, pues, desde su visión de médico, en este campo la situación es delicada por la accidentalidad y "por los riesgos del parrillero, que son muy altos".
"Desde las motos sí atracan, aunque la mayoría de los motociclistas no son atracadores; son gente buena", subrayó.
Además, sostuvo que la ciudad no tiene la malla vial suficiente para todos los carros y motos que circulan. "Esto se desbordó", dijo.